El megaproyecto de transformación del tendido eléctrico insular para alta tensión de Red Eléctrica (REE) levanta ampollas en Fuerteventura. Una instalación muy polémica calificada por los residentes de “innecesaria y obsoleta” en la nueva era de las energías limpias y renovables. La Asociación Fuerteventura Sostenible denuncia las irreparables consecuencias medioambientales de esta línea de energía de doble circuito, que pasa de los 66 kilovatios actuales a 132 kw y discurre desde Corralejo hasta Morro Jable.

“Fuerteventura pasará a convertirse en el basurero eléctrico de Canarias con 324 torres de 50 metros de altura que amenazan nuestro paisaje y territorio, con graves daños para la salud de los habitantes”, explica la portavoz de la asociación y afectada, Yurena Marichal. El plan de la compañía es conectar con un cable submarino el muelle de Morro Jable con Gran Canaria, con la intención de crear un gran sistema de interconexión entre las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

De este modo, el territorio majorero actuará como un corredor eléctrico. “Ese no es el camino hacia una Fuerteventura sostenible, autosuficiente y libre”, explica Yurena Marichal. “La Maxorata no necesita una línea de alta tensión ni lo pueden justificar con una obra faraónica para satisfacer las necesidades de los próximos 50 años”, apuntan las voces más críticas.

Con unos 100.000 habitantes en la actualidad en Fuerteventura, los denunciantes se preguntan qué intereses se esconden detrás de esta instalación tan potente. “Lo que sucede es que tenemos una línea deficitaria por falta de mantenimiento y anticuada que se ha parcheado en lugar de modernizarse y apostar por las limpias”, añade Marichal.

Tres apagones seguidos en la zona sur reavivaron la polémica este verano. “Nos parecen sospechosos e intencionados para justificar el déficit energético de Fuerteventura”, apunta el colectivo sostenible. Otros vecinos, empresarios y políticos consideran “torpe” que la empresa suministradora vaya en contra de sus intereses.

El caso es que la compañía cuenta con las autorizaciones de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, concedidas en la legislatura anterior, para todo el trazado completo de alta tensión que se divide en tres tramos: de Corralejo a Puerto, de Puerto a Gran Tarajal y de Gran Tarajal a Morro Jable. El gigante este año ha movido ficha con la compra y amenazas de expropiaciones de terrenos a un millar de vecinos afectados.

En plenas movilizaciones ciudadanas e indignación en la calle, varias asociaciones e instituciones con el Cabildo insular al frente presentaron una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para suspender el tramo más polémico, que va de las montañas del interior, desde Antigua hasta Tuineje. Una zona rural con un alto valor paisajístico, donde se colocarán las grandes torres.

“Pedimos que la línea se mantenga por el trazado actual cerca de la costa por Pozo Negro hasta el Sur, y proponemos el soterrado en los seis kilómetros y medio de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)”, señala el presidente del Cabildo, Marcial Morales. “Incluso responsables de Industria de la Isla y Canarias fuimos a Bruselas a preguntar si era posible soterrar el cableado por la citada zona y nos dieron el visto bueno”, desvela.

“En pleno proceso y tras llegar a un acuerdo entre el Cabildo e Industria del Gobierno canario pedimos al Juzgado que paralizara 60 días el expediente para llegar a un acuerdo con Red Eléctrica y proponemos la modificación del trazado y que nos comunique por escrito lo que cuesta enterrar los seis kilómetros y medio a través de la ZEPA, que pagará el Cabildo majorero”, añade Morales. La compañía lo rechaza y el Juzgado prosigue el contencioso. Ahora la Justicia decidirá si se anulan las autorizaciones administrativas de esta obra y si se evita “esta catástrofe ambiental”.

“Además, hemos interpuesto desde el Cabildo un segundo contencioso contra la declaración de impacto ambiental por defectos de forma y porque está mal hecha”, anuncia el presidente Morales. Al mismo tiempo, Morales confirma que la compañía no ha iniciado los trabajos de instalación de las torres de alta tensión como se comenta estos días en la capital majorera, y “los movimientos pertenecen a obras de mantenimiento de la línea actual”.

El Charco exige desmantelar la central de Las Salinas

En este revuelo energético la Asociación de Vecinos del barrio de El Charco de Puerto del Rosario vuelve a la carga después de 20 años de protestas. Exigen a la compañía, Cabildo y Ayuntamiento capitalino que den pasos para el desmantelamiento de la central térmica de Las Salinas. La presidenta del colectivo vecinal, Mariola Ceballos, destaca “la contaminación que genera esta industria en el barrio, y lejos de buscar una ubicación aislada se ha reforzado en el mismo espacio con cuatro potentes motores y más actividad”. La presidenta recuerda que “las chimeneas echan humos día y noche, y nadie se ha preocupado de las consecuencias y enfermedades para los que residimos a 30 y 50 metros de la misma”, manifiesta Ceballos.

En este sentido, el Cabildo Insular ha demostrado escaso interés en los últimos años por la retirada de la central de este barrio portuense, más bien al contrario, dado que sólo se presentaron a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias dos alternativas: una en Zurita y otra al Suroeste de Salinas del Carmen; y la Consejería de Industria llega a poner en duda la viabilidad de ambas. Zurita requiere un mayor consumo energético, y para Las Salinas el Cabildo no aportó ni un solo informe, documento, estudio o justificación que respalde este nuevo emplazamiento. La inexistencia de un Plan Insular de Ordenación del Territorio y de un acuerdo político unánime sobre la nueva ubicación ha permitido a la compañía eléctrica trabajar a su antojo y consolidarse en plena capital en los tiempos actuales.