La juez Noemí González, titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Puerto del Rosario, ha dado un impulso al ‘caso La Pared’, en el que se investigan irregularidades y vertidos en la urbanización del mismo nombre en el municipio de Pájara.

Así, ha acordado numerosas diligencias, entre las que se encuentra la declaración “en calidad de investigados”, lo que antes se denominaba imputados, de los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento sureño, cuyo alcalde es Rafael Perdomo (PSOE).

Por uno de los delitos de prevaricación que se investigan, la juez pide que se certifique la composición del citado órgano de gobierno municipal “desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad” y que se “reciba declaración en calidad de imputados” a sus miembros y, por otro presunto delito de prevaricación, acuerda que testifiquen los miembros de la Junta de Gobierno “desde el 14 de junio de 2010”, también como investigados. En otra de las líneas de investigación pide al Ayuntamiento que identifique a los componentes de la Junta de Gobierno “desde 2001  hasta la actualidad”.

El ‘caso La Pared’ tiene su origen en una denuncia por vertidos de un vecino y en una querella interpuesta por la asociación Viejo Rey. Entre los querellados está el alcalde  de Pájara, el Consorcio de aguas de Fuerteventura, la Junta de compensación de esa urbanización, que tiene unas 200 casas, y la sociedad Beach Golf, entre otros.

El Juzgado cita como investigados a los miembros de la Junta de Gobierno de Pájara de los últimos mandatos por presunta prevaricación

Los hechos denunciados tienen que ver con la construcción, desde el año 2001, y el desarrollo de esa urbanización, así como su abandono por parte del Ayuntamiento. La querella de la asociación de vecinos describe que se podrían haber cometido delitos de prevaricación, malversación, contra el medio ambiente, contra el ordenamiento urbanístico y estafa.

El Juzgado ha dado un plazo de 10 días al Ayuntamiento para que entregue los “expedientes incoados” por la “falta de ejecución o inadecuada ejecución de las obras de urbanización” en La Pared, a la empresa Beach Golf o a las Juntas de Compensación. “En caso de no existir”, reclama una “certificación del secretario del Ayuntamiento”.

También pide los informes técnicos municipales sobre las obras de urbanización, “o su falta” de ejecución, entre el 1 de enero de 2008 y el 14 de febrero de 2016. La juez también ha incorporado al procedimiento penal dos sentencias: la que “ordena al Ayuntamiento de Pájara a hacerse cargo de los servicios municipales que son de su competencia”, tras la demanda de la asociación Viejo Rey, y otra que determina que la Junta de compensación de la urbanización “no existe en el mundo jurídico” ni sus órganos “están siendo convocados” en cumplimiento de “los requisitos legales”. En la causa también se investiga un presunto delito de prevaricación por “la ejecución por particulares de obras sin licencia urbanística”, para las que la juez acuerda que se abra una pieza separada del procedimiento principal.

El Juzgado da un plazo de 10 días al Ayuntamiento para que entregue los expedientes de las obras de urbanización

Una de las ramas de la investigación tiene que ver con presuntos delitos de prevaricación, estafa y contra el medio ambiente, en relación al abastecimiento de agua y a los vertidos. En la querella se denuncia un sobrecoste de agua por numerosas averías y los vertidos de aguas fecales al barranco y al mar sin tratamiento.

La juez también requiere al Consorcio de Aguas de Fuerteventura para que entregue los contratos de abastecimiento en La Pared, la cuenta bancaria en la que se hacían los pagos por las Juntas de Compensación, las deudas contraídas entre 2008 y 2015 o la relación de reparaciones efectuadas y su coste.

La Justicia obligó al Ayuntamiento a asumir los servicios básicos

La asociación de vecinos del Viejo Rey, de La Pared, tuvo que recurrir a los tribunales para que el Ayuntamiento de Pájara asumiese los servicios básicos en la urbanización, que no ha sido recepcionada, tras años de quejas. La primera sentencia, del Juzgado de lo contencioso, obligó al Ayuntamiento a hacerse cargo del alumbrado, la limpieza, el abastecimiento de agua, el alcantarillado o la pavimentación de las calles.

El Tribunal Superior de Justicia ratificó el año pasado la resolución del Juzgado de lo contencioso administrativo. Los vecinos, que aseguran haber sufrido un “fiel ejemplo del denominado urbanismo salvaje”, denunciaron que a pesar de no conceder los servicios y no haberse completado las obras de urbanización, se seguían otorgando licencias y cobrando el impuesto de bienes inmuebles.