La paciencia de los vecinos de La Pared se agotó hace tiempo. Una sentencia firme obliga al Ayuntamiento de Pájara a prestar los servicios básicos, con multitud de carencias en las calles o el abastecimiento de agua al no haber concluido los promotores las obras de la urbanización.

El alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, señaló en una entrevista en Diario de Fuerteventura que el Ayuntamiento no tenía “ningún problema” en asumir las obras, pero aseguró que se financiarían a través de “cuotas especiales”.

Perdomo achacó la responsabilidad del estado de La Pared a los promotores e insistió en que “no puede ser el Ayuntamiento el que financie con dinero público las mejoras que se solicitan”.

Los vecinos agrupados en la asociación Viejo Rey consideran que las manifestaciones del alcalde son “un verdadero insulto a la dura situación por la que pasan los habitantes de La Pared”.

También destacan que los vecinos compraron “de buena fe” sus inmuebles y que pagan “puntualmente” sus impuestos. Además, recalcan que cuando compraron sus propiedades “no adquirieron compromisos de urbanización”, una responsabilidad de los promotores.

El colectivo destaca que los problemas de La Pared son “consecuencia directa de la dejación de funciones del Ayuntamiento” y de la Junta de compensación, compuesta por los promotores de la urbanización, “en ningún caso de los vecinos”.

Una sentencia establece que el Ayuntamiento de Pájara tiene que asumir la prestación de los servicios

La asociación acudió a la Justicia y consiguió una sentencia en la que se establece que el Ayuntamiento de Pájara tiene que asumir la prestación de los servicios en La Pared.

En cambio, destacan, el Consistorio “no ha iniciado expedientes sancionadores” a los promotores “por sus retrasos en entregar la urbanización, ni ha solicitado la ejecución de avales” ni tampoco ha llevado a cabo directamente las obras y pasado la factura a la Junta de compensación, “a pesar de que han transcurrido más de 16 años” desde que se aprobó la ejecución del plan parcial.

“El Ayuntamiento, el alcalde y los concejales han desoído informes municipales y numerosos escritos de los vecinos”, resalta el colectivo, que señala que no ha tenido “más remedio que acudir a la vía penal para hacer valer sus derechos”.

Es en el Juzgado, concluyen, donde esperan que “los responsables den las explicaciones oportunas de su dejación de funciones y obligaciones como representantes públicos”.