Las turbulencias políticas en el Ayuntamiento de La Oliva no terminaron con la moción de censura. El exalcalde, Pedro Amador, cumplió lo anunciado y ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo contencioso administrativo en el que ha solicitado dos cuestiones: por un lado, que se anule el pleno del 16 de mayo donde se le apartó de la alcaldía y tomó posesión como primer edil Isaí Blanco (CC), y por otro, que se revoque su destitución y la de los concejales de PSOE y PP que formaban el grupo de gobierno.

Según indica el exalcalde, se trata de un procedimiento “urgente”, al afectar a derechos fundamentales, y espera que se sustancie en unos tres meses. La tesis que defiende es que la que se votó el pasado mes de mayo fue la segunda moción de censura presentada este mandato, aunque la primera no se llegó a votar.

Además, Amador sostuvo en el pleno de la moción de censura que fue expulsado del partido por el que se presentó a las elecciones, el PPMajo, pero no del grupo municipal, por lo que la censura hubiera requerido una mayoría reforzada de 15 concejales en vez de los 11 que la presentaron.

A la espera de que se conozca la decisión de la Justicia sobre el último episodio polémico en el Ayuntamiento de La Oliva, el nuevo alcalde se ha comprometido a liderar un grupo de gobierno, compuesto por CC, PPMajo y Nueva Canarias, con una gestión “transparente”.

Nada más tomar posesión anunció que solicitará una auditoría de la situación de las cuentas del Consistorio, salpicado por el presunto desfalco de la caja municipal, que el exalcalde estimó en medio millón de euros. Blanco, que se ha reservado la Concejalía de Hacienda, ha señalado que el nuevo grupo de gobierno municipal –con Marcelino Umpiérrez (NC) como primer teniente de alcalde- quiere superar la parálisis que, en su opinión, ha sufrido el Ayuntamiento en el último año y medio. 

Una de las principales tareas pendientes será aprobar los presupuestos de la Corporación municipal, que tiene prorrogados los de hace dos años, y afrontar la deuda de casi 10 millones de euros con la empresa Canaragua por la anulación del contrato del servicio de saneamiento.  En su despedida de la alcaldía, Amador aseguró que su gobierno “no dilapidó los fondos públicos” y que deja el Ayuntamiento “con un superávit de 13 millones de euros”.