El Juzgado de primera instancia e instrucción numero 4 de Puerto del Rosario, a través de un auto de 17 de julio dictado por el juez José Manuel Salto, ha dado por terminada la instrucción del llamado caso ‘Dedocracia’, transformando la instrucción en procedimiento abreviado, y ha abierto el plazo para que las acusaciones presenten sus escritos contra las exalcaldesas de La Oliva, Rosa Fernández (PSOE) y Claudina Morales (CC).

El caso investiga si los nombramientos de la secretaria, interventora y tesorero fueron irregulares y se cometieron tres delitos de prevaricación administrativa. La denuncia se produce en Fiscalía en mayo del año pasado y en el procedimiento ejerce la acusación popular Votemos Fuerteventura. En la denuncia se ponía de manifiesto que las personas que ocupan esos cargos podrían no tener la capacitación adecuada, con los perjuicios que podría conllevar esa situación.

Fernández, en la actualidad portavoz del PSOE en la oposición de La Oliva, nombró a Rita Darias como interventora accidental en el año 2008, y ha venido desempeñando ese cargo hasta la actualidad. La Fiscalía considera que su nombramiento se hizo sin que hubiera expediente administrativo alguno que garantizara la igualdad, mérito y capacidad. También se destaca que en 2009, 2010 y 2011 no se aprobaron por parte de la alcaldesa las bases para la provisión del puesto de trabajo por lo que nadie más pudo acceder a esa plaza. Darias trabaja en el Ayuntamiento desde 1986, es técnico administrativo, siempre ha estado vinculada al departamento de Intervención y su titulación es de Bachiller superior.

El juez ha abierto el plazo para presentar la acusación contra las exalcaldesas del Ayuntamiento de La Oliva en el caso Dedocracia, en el que Votemos está personado como acusación

Los otros dos nombramientos los hizo Claudina Morales, que ahora es directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias. En diciembre de 2011 cesó la anterior secretaria, que se trasladó a Betancuria. Morales nombró a Rosa Delia Cabrera como secretaria accidental. Es técnico administrativo desde 1986 y también Bachiller superior y vinculada a ese departamento. La Fiscalía también considera que el nombramiento se produjo sin expediente y que la resolución no se hizo por parte de un órgano colegiado, sin motivar y sin informe de la comunidad autónoma que acreditase que no había funcionarios de habilitación nacional interesados en el puesto de trabajo.

El tercer caso es el del puesto de tesorero, que se crea en 2013 porque la Secretaría y la Intervención pasan de segunda a primera categoría. A pesar de ser un nuevo puesto de trabajo no se aprobaron las bases de la convocatoria pública ni se convocó dicha convocatoria. Tampoco existió un acto de nombramiento, según la fiscal, para nombrar como tesorero a José Hilarión Cabrera, que es auxiliar administrativo y Graduado escolar y estaba vinculado a ese departamento desde 1991.

Rosa Fernández, portavoz del PSOE en La Oliva.

Rosa Fernández (PSOE) y Claudina Morales (CC) se enfrentan a una causa por prevaricación administrativa por el nombramiento irregular de la interventora, la secretaria y el tesorero

Durante la instrucción, desde el Ayuntamiento de La Oliva se certificó que no se habían llevado a cabo convocatorias de empleo público desde el año 2008 hasta 2017. Los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código penal) por el que las acusadas se enfrentan a una pena de inhabilitación para empleo o cargo público de entre siete y diez años. Morales es en la actualidad directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno regional y Rosa Fernández (PSOE) es portavoz en la oposición en el Ayuntamiento.

Tanto el puesto de Intervención como el de Secretaría están reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional y los nombramientos accidentales son posibles “exclusivamente en aquellos supuestos en que no se cubra la plaza” con un funcionario con la citada categoría.