La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha presentado este miércoles en el Parlamento regional un avance de los datos obtenidos en la elaboración del censo de vertidos en 2017. El documento definitivo estará finalizado en el mes de noviembre, cuando termina el plazo estipulado para su elaboración.

En Fuerteventura se contabilizan 35 vertidos, de los que 27 no cuentan con autorización (un 77 por ciento), aunque cuatro de ellos la están tramitando, según especificó este miércoles al Consejería.

Barreto explicó que, según este avance del censo, las costas canarias registran 355 vertidos al mar, de los que sólo 109 (el 31 por ciento) cuentan con la preceptiva autorización, mientras que 246 carecen de ella. Respecto a esta última cifra, aclaró que 71 vertidos no autorizados estarían en proceso de tramitación de la autorización y 12 están en situación de autorización ya vencida.

La consejera pidió en su intervención voluntad y compromiso a todas las administraciones en el ámbito de sus competencias para dar solución definitiva a los vertidos sin autorizar e hizo un llamamiento a los partidos políticos para abordar un problema "que no es de hoy ni de hace una década, sino que arrastramos desde siempre en Canarias".

Nieves Lady Barreto recordó las competencias de cada administración en esta materia, señalando que la depuración de aguas es responsabilidad municipal, tal y como regula la normativa estatal y canaria, debiendo contar, además, con la autorización del Consejo Insular de Aguas del cabildo correspondiente.

Corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias otorgar las autorizaciones en materia de vertidos al mar, pero si se realiza dentro del dominio público hidráulico, el órgano competente es el Consejo Insular de Aguas.

Barreto destacó que es el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el que ostenta las competencias para conceder la ocupación del dominio público marítimo terrestre, que es un trámite preceptivo para poder dar una autorización de vertido al mar. En este sentido, informó de que existen en estos momentos 30 expedientes en manos de la Dirección General de Costas a la espera de autorización, algunos de ellos desde 2010.

Régimen sancionador

Siguiendo con el marco competencial, la consejera señaló que el régimen sancionador corresponde a la Agencia Canaria del Medio Natural (antes, APMUN), mientras que la Viceconsejería de Medio Ambiente ejerce la función de inspección ordinaria de los vertidos al mar autorizados, destacado la coordinación con la que trabajan ambas en la remisión de información y la tramitación de expedientes sancionadores.

Según especificó la consejera, existen actualmente 109 autorizaciones de vertidos al mar en Canarias según los datos del avance del censo y, en estos momentos, se están tramitando en la Viceconsejería de Medio Ambiente 90 expedientes de autorización.

De ellos, 44 están pendientes de que el solicitante (ayuntamientos, cabildos u otras entidades) aporten la documentación necesaria o requerida; 30 están a la espera de la preceptiva concesión de ocupación del dominio marítimo terrestre por parte del Ministerio; 14 están en una fase inicial de estudio de la solicitud y dos en fase de información pública.

"En Canarias –enfatizó Barreto- no se otorgan autorizaciones de vertidos al mar sin que se exija en la misma el correspondiente tratamiento de depuración. De ahí la importancia de que todos los vertidos cuenten con autorización y que aquellos que la tengan presenten el preceptivo Programa de Vigilancia y Control (PVC) para corroborar que se aplica el tratamiento adecuado".

Este tratamiento y los distintos grados de depuración dependen de factores como el tamaño de la aglomeración urbana, el medio en el que se efectúa el vertido (en este caso, a la Consejería solo le competen las autorizaciones para verter en aguas costeras) y la mayor o menor sensibilidad del medio, distinguiendo entre zonas sensibles (coincidentes en su mayoría, total o parcialmente, con lugares declarados LIC), normales (las aguas marítimas y continentales superficiales que no estén declaradas como sensibles) y menos sensibles.

Atendiendo a estos factores, el tratamiento a aplicar, en sentido creciente de intensidad, podrá ser: adecuado, primario, secundario o más riguroso.

Datos por Islas

Por islas, es en Tenerife donde el censo constata un mayor número de vertidos, 146, de los que 89 (un 61 por ciento) no cuentan con autorización. De ellos, 19 están actualmente en trámite para conseguirla.

Le sigue Gran Canaria con 109 vertidos censados, 77 de ellos sin la preceptiva autorización (un 71 por ciento), de los cuales 17 están en proceso de trámite.

Lanzarote registra un total de 33 vertidos al mar, de los cuales 27 no tienen autorización (un 82 por ciento del total), si bien, nueve de ellos están tramitándola. En La Palma, de los 17 vertidos censados, 14 no cuentan con autorización (un 82 por ciento), si bien, cinco de ellos están en trámite.

La Gomera registra un total de 9 vertidos de los que 6 no cuentan con autorización, aunque cinco ya la están tramitando. En El Hierro, ninguno de los 6 vertidos censados es de aguas residuales urbanas (se trata de aliviaderos de depósitos de riego o piscinas, entre otros). Dos de ellos están tramitando la autorización.

La consejera señaló que, para que los vertidos al mar no contaminen, son necesarias obras de saneamiento y depuración. "Ya hay obras que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias, como la depuradora de Valle Guerra, que ejecuta la Consejería de Agricultura, y la de Tamaraceite, entre otras. A este esfuerzo hay que añadir los más de 300 millones que ayuntamientos y cabildos invertirán a través del FDCAN en saneamiento, obras hidráulicas y depuradoras".

Más detalles

INVERSIONES. La consejera informó, asimismo, de que la Consejería de Agricultura negocia ya nuevas obras con el Ministerio en base a los datos actualizados del censo y estudia la financiación de otras infraestructuras con fondos europeos.

COMPLEJIDAD. Por otro lado, Barreto indicó que el proceso administrativo para otorgar las autorizaciones de vertidos al mar es complejo, ya que necesita la intervención de la administración canaria y de la estatal de manera secuencial, no simultánea, lo que hace que los trámites se dilaten en el tiempo.

COMPETENCIA. "Desde la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad trabajamos para encontrar fórmulas que simplifiquen el procedimiento de obtención de la autorización de vertidos en la parte que es competencia de la Comunidad Autónoma", añadió.