El consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, confirmó este viernes en el Parlamento que no está tramitando ninguna autorización para extracción de áridos en Tiscamanita.

La diputada Nereida Calero (CC) expuso al consejero la preocupación de los vecinos de la localidad ante la posibilidad de que se estén tramitando permisos para actividades mineras en el entorno de la localidad.

Calero indicó que hasta hace años funcionaron extracciones de áridos en la zona, con "importantes secuelas medioambientales e incluso sobre la calidad de vida de los vecinos". Y añadió que "durante los últimos meses se ha extendido la preocupación en el vecindario por su posible reactivación".

Ante esta preocupación, “los vecinos han celebrado varias reuniones, han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para exponer la oposición popular a esta posible reactivación e incluso se han dirigido por escrito a las instituciones para que en los procesos de actualización de la normativa de ordenación del territorio no se habiliten zonas extractivas en la zona de Montaña de Adrián y alrededores”.

Ortega confirmó a Nereida Calero que a fecha de hoy no consta en la Consejería ninguna solicitud sobre posibles expedientes o solicitudes de apertura de canteras de áridos en Montaña Adrián ni en el entorno de Tiscamanita.

El consejero aclaró que, aunque la competencia de ejecución y desarrollo del régimen específico de la minería recae sobre la Dirección General de Industria y Energía, los proyectos de explotación de recursos de la Ley de Minas deben contar también con la declaración de impacto ambiental.

La autorización ambiental tiene carácter de informe preceptivo y determinante sobre si procede o no la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse, las medidas correctoras y las medidas compensatorias.

Por lo tanto, cualquier tipo de autorizaciones de este tipo además de requerir previamente que se emita la correspondiente declaración de impacto ambiental, conllevaría también un procedimiento de exposición pública y consulta, explicó.