El alcalde de Tuineje, Salvador Delgado (CC), se sienta este miércoles en el banquillo de los acusados por una licencia de primera ocupación para naves industriales en el polígono de El Cuchillete a pesar de contar con informes técnicos y jurídicos negativos, según desveló Votemos Fuerteventura.

La exconcejal en Tuineje Margarita Martín presentó en diciembre de 2014 documentación relativa al expediente y la Fiscalía abrió una investigación en enero de 2015. En el mes de mayo, el Ministerio Fiscal presentó una denuncia por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

La vista oral, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, está fijado desde el pasado mes de enero para que se celebre este miércoles a partir de las nueve y media de la mañana.

El fiscal Ignacio Stampa, en la actualidad adscrito a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, destacó en un escrito que un informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) apuntaba a presuntas irregularidades en la licencia otorgada por Delgado.

Así, el 4 de octubre de 2011, el alcalde de Tuineje, tras asumir las competencias delegadas en la concejal de Urbanismo, resolvió conceder a la empresa PRAICSA licencia de primera ocupación para naves industriales situadas en la parcela dos de la urbanización El Cuchillete.

Según destacó el fiscal, “incumpliendo de forma grosera y ostensible” la legislación territorial y urbanística de Canarias,  “que impide de forma tajante el otorgamiento de licencia de primera ocupación sin que previamente se hayan recepcionado las obras de urbanización”.

El decreto dictado por el alcalde de Tuineje se firmó “a pesar de que en el mismo expediente había emitido un anterior decreto denegando previamente dicha licencia la concejal delegada de Urbanismo”, el 13 de julio de 2011.

El decreto desfavorable se basaba en un informe negativo emitido por el arquitecto técnico municipal, “que ponía de manifiesto que las obras de urbanización no habían sido recepcionadas por el Ayuntamiento y que no procedía otorgar la licencia de primera ocupación”.

Además, el técnico municipal advirtió de que lo construido no era conforme con el planeamiento, las normas urbanísticas del plan parcial El Cuchillete. Así,  se preveía que para el uso de almacén era necesaria una superficie superior a 1.500 metros cuadrados, un requisito que según subrayó el fiscal no se cumplía. Tampoco cumplía una construcción de 85 metros cuadrados, que infringía el retranqueo exigido en la parcela.

El fiscal también subrayó cuando se puso en marcha el procedimiento que un informe jurídico, de 22 de septiembre de 2011, reiteraba la imposibilidad de conceder la licencia sin recepcionarse previamente la urbanización.

“Urbanismo criminal”

Para Votemos Fuerteventura, formación de la que en la actualidad Margarita Martín es presidenta, con el juicio al alcalde de Tuineje el “urbanismo criminal” se enfrenta a la Justicia. En un comunicado, Votemos resalta que su presidenta y denunciante del caso considera que “el pueblo majorero está de enhorabuena” por el juicio a Delatado.

Así, la presidenta de Votemos Fuerteventura añade que “los que se han erigido como defensores de ‘lo nuestro’ sólo defienden los intereses de ‘la clientela’”.