Es especialista en derechos humanos, políticas migratorias y de asilo. Desde 2004 trabaja en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. El pasado mes de noviembre participó en el Mogollón Intercultural, que organiza la asociación Raíz del Pueblo de La Oliva. Allí habló de refugiados y del papel que ha jugado Europa, cuya respuesta al drama de los refugiados ha sido “dificultar su acceso y poner obstáculos para que sean reconocidos como tal”.

-¿Por qué Europa no da respuesta a los refugiados?

-Europa se empeña en ver la realidad de los refugiados con unas gafas que le impiden ver esa realidad. No tiene la voluntad de entender en qué consisten sus necesidades y problemas. Está obsesionada con el objetivo de dominar los flujos migratorios en función de las necesidades del mercado y todo eso tiene poco que ver con la realidad de los refugiados. Hay que recordar que Europa no es libre de decidir, ya que todos los estados son parte del Convenio de Ginebra y, por tanto, Europa no puede permitirse decir: enfocaré de esta u otra manera el tema. Además, hay unas obligaciones y se tiene que organizar de forma que a los estados les sea más fácil cumplirlas. No se está respetando ni la realidad de los refugiados ni los compromisos que deben cumplir para que sean refugiados de verdad. La respuesta ha sido dificultar su acceso a nuestro territorio y poner todos los impedimentos para reconocerles como tal.

-¿Qué la parece que Europa haga clasificaciones en los refugiados dependiendo del lugar de origen o el motivo por el que huyen de su país?

-Esa ha sido la gran coartada de la mayor parte de los gobiernos europeos. Ha habido una prescripción generalizada de ilegalidad. Un cúmulo de motivos diferentes para decir no los acepto: porque son homosexuales, terroristas o porque en realidad buscan trabajo y no está claro que huyan de una persecución, hambruna o sequía o no los cojo porque no están en el artículo 1 de Ginebra. Son excusas que, desde el pretexto de la clasificación para encontrar al verdadero refugiado, les sirven para decir ninguno lo es y así me libro de todos ellos.

-Europa se comprometió a acoger unos 160.000 refugiados en dos años para liberar la situación de Italia y Grecia y solo ha acogido unos 44.000. ¿Qué ha fallado?

-Desde el principio ha fallado la voluntad política de reconocer la realidad y gestionarla. Lo que ha habido es un cómo evito que me toque la cuota que me ha tocado. En mayo de 2015 la Comisión Europea planteó la nueva agenda migratoria y de asilo de la UE. Propuso un reparto y se produjo una batalla campal, en primer lugar por las cuotas. En España no hemos llegado a 2000. La razón ha sido que ha habido una voluntad política de obstaculización y, por otro lado, no ha habido ningún interés de cooperación con la sociedad civil.

-La sociedad sí respondió...

-Efectivamente. Una parte muy importante de la sociedad civil europea respondió muy positivamente diciendo hay que acoger. Ha habido gente que se ha ido a la cooperación, ayuntamientos que han creado una red de ciudades refugio o comunidades que han planteado políticas de acogida y todo eso ha sido bloqueado por los gobiernos centrales. En el caso de España me parece clarísimo. Multitud de organizaciones sociales y buena parte de las comunidades y ayuntamientos han ofrecido medios e iniciativas y también ciudadanos que han organizado recursos de forma individual. Lo que ha pasado es que el Consejo de Organización, presidido por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, ha bloqueado una y otra vez la propuesta de la sociedad civil.

-España tiene acuerdos para controlar la inmigración con países como Senegal, Mauritania o Marruecos. ¿Cómo los valora?

-Creo que tienen aspectos positivos de cooperación real, pero domina en mí el aspecto negativo porque creo que están siendo utilizados, sobre todo, para las funciones de la cooperación policial para el control de los flujos. La mayor parte de la inversión es para seguridad y policías de esos países para que puedan controlarlos. Creo que es una necesidad controlar los flujos migratorios y hay que regular. Ningún país se puede permitir tener las puertas abiertas, pero una cosa es controlar y otra eliminar el movimiento.

-Se cumple un año y medio del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía por el cual toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas sería devuelta a Turquía. A cambio el país recibiría 6.000 millones de euros para atender a los refugiados. ¿Para qué ha servido?

-Nos han vendido como un acuerdo algo que no lo es. Ese acuerdo tiene un problema básico y es que Europa no impone a Turquía la exigencia de que modifique su legislación en materia de asilo. Turquía tiene suscrito el acuerdo del 51 de Ginebra del Derecho del Refugiado con una cláusula muy específica en la que no reconoce como refugiados a quienes no sean europeos. Entonces sirios y de otros países no pueden ser refugiados y, por tanto, los puede tratar como no refugiados. Estoy de acuerdo que se pueda pactar con un país ayúdeme en este tema, pero siempre y cuando cumplan los derechos. Pero si se les da 6.000 millones de euros para decirle coja lo que yo le devuelvo y haga lo que quiera porque no está obligado por su propia legislación a tratarlo como refugiado.

-¿Cómo valora la respuesta que dio Fuerteventura a la llegada masiva de pateras en la década de los noventa y principios de la siguiente?

-La respuesta de la sociedad, que no estaba preparada para eso, fue no xenófoba y positiva. Se valoró, en primer lugar, que se trataba de personas que necesitaban ayuda y que la primera obligación era ayudar. Creo que eso es lo que olvidamos cuando nos encontramos ante esas personas. Lo primero es acoger porque tienen sus derechos y su vida en peligro y ya luego decidimos.

-Fuerteventura pasó de tener en el año 2000 unas 4.000 personas extranjeras a unas 30.000 ahora. ¿Qué políticas se deben hacer para lograr la integración de estos extranjeros?

-La condición de insularidad impone unos límites. Si estás en un territorio tan limitado no puedes trazar políticas públicas pensadas para Castilla y León. Es muy importante saber que esas políticas tienen una distribución territorial y eso tiene que estar medido. En el caso de la insularidad no se puede decir aquí que venga quien quiera. Para que pueda haber integración tiene que haber un cálculo proporcional a cuál es la capacidad de gestión de un territorio como este y luego se pueden trazar políticas públicas de integración que se basen en la igualdad de derechos y deberes en base a los recursos que se tienen para dar servicios como sanidad, educación o vivienda y teniendo en cuenta la sostenibilidad medioambiental. Pensar en una política de emigración dictada en Bruselas, Madrid o Barcelona y lanzadas sobre paracaídas en Fuerteventura es un disparate.

- Atentados como el de Barcelona, ¿qué daño hacen a la población inmigrante?

- Muchísimo, aunque hay que decir que la respuesta de nuestro país ha sido mucho más respetuosa que la de países en los que se han producido atentados similares. Las reacciones de estigmatización de la población inmigrante en nuestro país han sido mínimas.