El PSOE pide que Europa se implique ante la nueva "amenaza" de prospecciones
El PSOE de Canarias considera imprescindible la implicación de la Unión Europea para defender a Canarias ante lo que considera "una amenaza de prospecciones" por parte de Marruecos cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
"El gobierno del Partido Popular, con su insensata apuesta por Repsol, ha perdido capacidad de interlocución con Marruecos por lo que ahora, más que nunca, es necesario que intervenga Europa", afirmó este viernes la portavoz socialista en el Parlamento de Canarias, Dolores Corujo.
El PSOE saber quién se responsabilizará e indemnizará tanto a la población canaria como a los sectores económicos afectados en el caso de que se produzca una marea negra ocasionada por las prospecciones petrolíferas cerca de la costa.
La petición de esta información fue acordada este viernes en una reunión de coordinación mantenida entre la portavoz del grupo parlamentario, Dolores Corujo; la diputada nacional Tamara Raya; la senadora Olivia Delgado y el europarlamentario Juan Fernando López Aguilar.
López Aguilar ha señalado que si se produjera un vertido, "es importante la responsabilidad civil por daños, no solo medioambientales, sino hacia el modelo económico de desarrollo de Canarias vinculado a la preservación de medioambiente. ¿De quién dependerá en ese caso el plan de contingencia? ¿Quién se hará responsable?".
A pesar de que, en los océanos, las aguas están delimitadas por líneas imaginarias, "la contaminación, y en este caso un vertido, el mar no entiende esas líneas porque avanza según las condiciones climáticas", asegura López Aguilar.
Para los representantes del PSOE, el Gobierno español debe, atendiendo el acuerdo de París de Naciones Unidas sobre cambio climático, así como a las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y del propio Banco Mundial, pedir al Gobierno de Marruecos que continúe con sus inversiones y desarrollo de energías renovables y deseche las opciones de extracción de hidrocarburos por la amenaza ambiental que representan para el medio marino de Canarias y su entorno próximo.
El PSOE recuerda que el Gobierno de Marruecos adjudicó a finales de diciembre a la compañía multinacional petrolera italiana ENI permisos de exploración en la denominada Cuenca de Tarfaya, frente a la costa de Fuerteventura y Lanzarote.
El permiso de exploración de Tarfaya abarca un área de 23.900 kilómetros cuadrados en una profundidad de hasta 1.000 metros y muy próxima a la superficie donde Repsol efectuó sus prospecciones en 2014 y 2015.
El secretario general de PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, recuerda que Canarias "dijo no" a las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno español a Repsol "y volveremos a decirlo".
López Aguilar recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal el acuerdo con Marruecos que establecía la comercialización de productos del Sahara, territorio que no es reconocido por el Reino de Marruecos.
"En la medida que continúe viva la disputa de la soberanía del Sahara, Marruecos no puede comercializar productos de ese territorio como si fuera suyo", afirma el eurodiputado canario.
Además, el Partido Socialista insiste en que, en caso de un derrame de envergadura durante la fase de prospección, la zona de máximo riesgo abarcaría por su proximidad la costa marroquí, Mauritania y las Islas Canarias.
Corujo recuerda que la industria turística europea activa en Canarias mostró su seria preocupación por poner en peligro los intereses del turismo del Archipiélago "así como la población en general que salió a manifestarse de forma activa en las siete islas".
El PSOE Canarias preguntará al Gobierno de Canarias, al Gobierno Central y en el Parlamento Europeo si España ha verificado que las operaciones marroquíes en la zona se ajustan al derecho internacional.
También requerirá información acerca de que si el Gobierno de España ha pedido a las autoridades marroquíes los estudios de impacto ambiental de las operaciones autorizadas para conocer exactamente los niveles de riesgo de sus operaciones sobre toda la región y, especialmente, sobre Canarias.
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