Nuevo golpe a las arcas del Ayuntamiento de La Oliva. El Juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Las Palmas ha condenado al Consistorio a pagar una indemnización de 563.800 euros al exconcejal Miguel Van Daele (CC) por la ocupación de apenas 327 metros de suelo para ejecutar la calle de acceso al muelle de El Cotillo.

Van Daele fue concejal de Obras, Personal y Régimen Interior, número dos de la lista electoral encabezada por Claudina Morales a las elecciones de 2011 y presidente del comité local de Coalición Canaria en La Oliva. En enero del año pasado también fue designado miembro de la gestora de CC en Fuerteventura que llevó al partido hasta el congreso insular celebrado en julio.

En mayo de 2016, el Ayuntamiento de La Oliva desestima la reclamación formulada por Van Daele, que exigió que dejase de ocupar por la “vía de hecho” terrenos que defendió que eran de su propiedad para la ejecución de la calle denominada ‘13 de abril de 1976’, de acceso al muelle de El Cotillo.

Van Daele reclamó en su demanda, presentada al año siguiente de dejar de ser concejal, el “desmantelamiento de la obra” y la “restitución de las cosas a su estado primitivo”; es decir, la eliminación del vial. El exconcejal también reclamó una indemnización de 448.809 euros, incrementada en un 25 por ciento por considerar que se trataba de una “expropiación ilegal” y un cinco por ciento más como compensación.

En su demanda, indicó que había adquirido los terrenos mediante una donación de su madre efectuada en junio de 2011, y añadió que durante años, tanto él como “antes su madre y su abuela intentaron en múltiples ocasiones que el Ayuntamiento hiciera frente al justiprecio del terreno ocupado ilegalmente”, sin que se hubiera tramitado ningún expediente expropiatario.

El exconcejal reclamó en su demanda el “desmantelamiento de la obra” y que se eliminase el actual vial asfaltado que da acceso al muelle de El Cotillo

Se da la circunstancia de que Van Daele fue concejal de la Corporación municipal con responsabilidades de gobierno tras haber recibido la donación de los terrenos, una etapa de la que destaca la inactividad del Ayuntamiento de La Oliva.

Por su parte, el Consistorio alegó que el exconcejal carecía de “legitimación” para demandar al Ayuntamiento puesto que la calle se había hecho con anterioridad a recibir la donación de los terrenos. Además, sostuvo que “tampoco había quedado acreditada la titularidad de la porción de terreno” que se reivindicaba. Es más, aseguró que se trataba de unos terrenos donados al Ayuntamiento por Mercedes y Dolores del Castillo Carreras en abril de 1983.

Sin embargo, el Juzgado da por buenas las escrituras de segregación y donación presentadas por Van Daele, considera “acreditado” que es “el propietario de la finca” en litigio, y tiene en cuenta un informe topográfico presentado por el exconcejal que concluye que se ocuparon 327,47 metros cuadrados de una de las parcelas donadas. En la sentencia se recalca el Ayuntamiento no aportó “prueba alguna que desvirtúe estas conclusiones”.

El Juzgado también señala que “al estar ocupados los terrenos por un vial que se encuentra asfaltado resulta imposible” restaurar los terrenos “al estado anterior a la ocupación, por lo que accede a fijar la otra pretensión de Van Daale: “fijar una indemnización de los daños y perjuicios ocasionados”.

El pleito se refiere al vial de acceso al muelle.

El Ayuntamiento no rebatió la valoración

A la hora de fijar el importe de la indemnización, el exconcejal de La Oliva aportó un informe técnico que valoraba en 448.809 euros los 327,42 metros ocupados por la calle, y añadió otra pieza menor de 189,77 metros cuadrados en los que no puede construir por los retranqueos.

La sentencia refleja que el Ayuntamiento de La Oliva ni siquiera rebatió la valoración económica de los terrenos efectuada por Van Daele

El Juzgado subraya en la sentencia que las citadas conclusiones económicas “no han sido rebatidas por el Ayuntamiento en su contestación” a la demanda de Van Daele, y “tampoco ha aportado informe para desvirtuarlas”.

De tal manera que el Juzgado acepta las pretensiones económicas del exconcejal y eleva la indemnización que debe abonar el Ayuntamiento a los mencionados 563.812 euros: 448.809 de la valoración del suelo, 112.762 por la expropiación irregular y 22.440 euros como “premio de afección” por la pérdida del suelo.