La Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta) ha mostrado su satisfacción por la sentencia judicial en la que se declara improcedente el despido de dos controladores de la plantilla del proveedor privado de servicios navegación aérea Saerco (Dirección de Servicios Aeronáuticos, Control y Navegación, S.L.) en la Torre de Control del aeropuerto de Fuerteventura en enero de 2017.

En la sentencia, el juez del Juzgado de lo Social número 2 de Puerto del Rosario condena a la empresa demandada a ejercer la opción por la readmisión en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o bien que sean indemnizados.

Los hechos se remontan al pasado 21 de noviembre de 2016, cuando el último tráfico de salida previsto antes del cierre operativo del aeropuerto de Fuerteventura tuvo que permanecer en tierra, tras sufrir una demora y no haberse puesto en marcha el preceptivo procedimiento para prolongar el horario operativo del aeródromo. Ante esta situación, los controladores aéreos no pudieron autorizar la salida de la aeronave, ajustándose a la normativa vigente que contribuye a garantizar el desarrollo seguro de las operaciones aéreas.

“Como ha defendido Aprocta en todo momento, y en línea con lo expresado en el informe del perito judicial, ambos controladores aéreos actuaron con profesionalidad, procediendo de forma íntegra, sin ceder a las presiones ejercidas desde el aeropuerto para que autorizasen la marcha de la aeronave”, señalan desde la asociación.

Asimismo, la asociación profesional lamenta la actuación de la empresa Saerco que, “además de poner en cuestión el buen hacer de sus controladores aéreos, ha mostrado una falta de consideración hacia los procedimientos y estándares operativos que constituyen la base de la seguridad en el transporte aéreo”.

Los controladores aéreos han sido defendidos por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), y Aprocta destaca también el papel “fundamental” desempeñado por el perito judicial, miembro de su cuerpo de peritos, que “ha contribuido a esclarecer la idoneidad de las actuaciones de ambos profesionales a través de un informe técnico pormenorizado en el que se detalla la sucesión de hechos acontecidos, desde un punto de vista profesional, así como su relación con el marco normativo y operativo”.