Votemos Fuerteventura, que ejerce la acusación popular en el conocido como caso Dedocracia, ha solicitado al Juzgado que se abra una pieza separada para depurar las posibles responsabilidades penales en este caso del exconsejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, cuando ejercía como director general de Función Pública.

El caso Decocracia investiga el presunto nombramiento irregular de los puestos de Secretaría, Tesorería e Intervención de trabajadores que no cumplían los requisitos legales para el nombramiento en el Ayuntamiento de La Oliva. La Fiscalía pide penas de ocho y nueve años de inhabilitación para las ex alcaldesas Rosa Rodríguez (PSOE) y Claudina Morales (CC) por prevaricación administrativa.

En su escrito de calificación, Votemos se suma a la misma petición que la Fiscalía pero añade que se libre testimonio de la documentación obrante en los autos referente a la actuación de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias y en concreto de Afonso, "por considerar que los hechos son susceptibles de ser calificados como un delito de prevaricación administrativa continuada al haber convalidado actos que adolecen de nulidad de pleno derecho".

Nombramientos "irregulares"

Según señala Votemos en su escrito, los nombramientos fueron "irregulares" al haber sido dictados por órgano "manifiestamente incompetente y obviando de forma flagrante y grosera el procedimiento regulado al efecto".

También piden que se investigue a Afonso "por haber obviado los hechos narrados en este escrito de acusación, dando por válidas las designaciones conferidas mediante prevaricación, sin haber puesto estos hechos en conocimiento de la autoridad judicial, ni haber dictado resolución anulando las designaciones". Señalan que no fue Afonso quien denunció los hechos a pesar de que tenía conocimiento de esos nombramientos.

Afonso ejerció como director general de Función Pública entre 2011 y 2015. Después fue nombrado consejero de Presidencia, Justicia e Egualdad del Gobierno de Canarias hasta 2016, cuando el PSOE abandonó el pacto regional. Actualmente es jefe de servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife.

En cuanto a Rodríguez y Morales, la formación política se adhiere a la calificación de los hechos de la Fiscalía y a su petición de pena. Consideran que su actuación infringe "de forma grosera y flagrante los principios que rigen la función pública (capacidad, mérito, publicidad, igualdad)" y que "permitieron de manera gravosa y sin motivación alguna la consolidación en puestos de habilitación nacional de personas que no tenían los mínimos conocimientos profesionales, ni la independencia o preparación exigida para asumir las funciones propias de la secretaría, la intervención y la tesorería".

El portavoz de Votemos, Álvaro de Astica, afirmó este jueves que "la corrupción afecta a todas las instituciones del archipiélago y mientras no se fiscalice concienzudamente la labor del Gobierno de Canarias y del Cabildo, los ayuntamientos majoreros no podrán adquirir salud democrática por mucho que combatamos a los corruptos a nivel municipal".