El Ayuntamiento de La Oliva aseguró este jueves que trabaja en el borrador de una ordenanza dirigida a regular la publicidad exterior en el municipio. Según anunció el alcalde, Isaí Blanco, la nueva normativa permitirá "establecer medidas de control sobre la actividad", y, de manera especial, "ante la proliferación descontrolada de carteles de gran formato que están afectando a la imagen del municipio".

Blanco explicó que "el Ayuntamiento de La Oliva no ha tenido nunca una regulación específica sobre la publicad exterior", de tal manera que "si queremos acabar con el vacío legal en torno a la actividad, la única forma es redactando una ordenanza".

"Estamos viendo cada vez más carteles publicitarios en las entradas y salidas de las poblaciones, en fachadas o junto a las carreteras, instalaciones muy agresivas que a veces tapan la vista de los paisajes, o inciden sobre la imagen general de los entornos urbanos", añadió.

"Somos conscientes del problema y estamos de acuerdo con las quejas que nos plantean muchos vecinos", dijo. Sin embargo, aclaró, "no podemos evitarlo sin contar primero con una ordenanza al respecto, al tratarse de instalaciones que hacen las empresas en sus terrenos privados, o de común acuerdo con los propietarios".

Aunque los trámites necesarios para poder cambiar las normas "no son ni rápidos ni sencillos", explicó el alcalde, "este gobierno asume una vez más la responsabilidad de tomar las riendas frente a actividades que afectan al medio ambiente, a la imagen turística del municipio y a la calidad de vida de los vecinos”.

“Seguimos en la línea de resolver asuntos que otros gobiernos evitaron, como las excursiones privadas de buggies y quads, la autorización de sectores deportivos para las escuelas de surf, o ahora la publicidad”, agregó el primer edil.

Trámites de la normativa

Tras recabar los informes de urbanismo al respecto, el Ayuntamiento cuenta ya con un borrador de la nueva normativa que se expondrá próximamente a consulta ciudadana. No obstante, la normativa no será de aplicación hasta su entrada en vigor, lo que implica cumplir primero con la legislación de procedimiento administrativo, incluyendo su aprobación inicial en pleno, exposición pública, y aprobación definitiva.