La Asociación Entre Mares ha denunciado el caso de una mujer inmigrante a la que el Servicio Canario de Salud le ha cobrado hasta 5.611 euros por ser atendida en el Centro de Salud de Corralejo y en el Hospital General de Fuerteventura durante el embarazo, el parto y el postparto.

Hasta un total de 14 facturas le ha remitido el Servicios Canario de Salud, según señala la asociación sociocultural desde donde recuerdan el artículo 3 ter de asistencia sanitaria en situaciones especiales del Real Decreto de Sanidad 16/2012 de 20 de abril, por el que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: primero, de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; segundo, de asistencia al embarazo, parto y postparto, y tercero, en todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

Sin embargo, lo más curioso, según destaca la técnico de Migraciones de Entre Mares, María Greco, es que el Gobierno de Canarias ha reconocido que “esta mujer se encuentra en situación legal y además está casada con un español”. 

La asociación, miembro de la Mesa Ciudadana por una Sanidad Universal de Fuerteventura, ha remitido un comunicado manifestando que “no sabemos qué más hacer para frenar y eliminar la vulneración, no solo de los derechos humanos, sino de los derechos de las mujeres inmigrantes, que como podrán comprender, si "las de aquí" lo tenemos francamente difícil, imagínense ser mujer e inmigrante”.

Entre Mares alude a un acto de “prevaricación, un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, de la Gerencia del Hospital de Fuerteventura, pues conociendo la norma, están sistemáticamente incumpliéndola”.