La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido a los Juzgados de Puerto del Rosario una denuncia solicitando la imputación del empresario agroalimentario Alfredo Alberto Hernández, del grupo Ganaderos de Fuerteventura, por la posible existencia de delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.

Según desvela eldiario.es, la Fiscalía le acusa de quintuplicar el tamaño de una granja de cabras "en suelo rústico y de forma ilegal", sin las preceptivas licencias municipales y autonómicas, y de realizar vertidos de purines (residuos orgánicos) en un barranco cercano, "al menos en dos ocasiones", lo que implica "la posible comisión" de un delito contra el Medio Ambiente recogido en el artículo 325 del Código Penal.

En el escrito de denuncia, la fiscal Clara Serrano pide al Juzgado que "se tome declaración en concepto de imputado a Alfredo Alberto Hernández y a la entidad Agropecuaria Fuerteventura, SL", de la que es administrador junto a uno de sus hijos. Esta empresa es la titular de la explotación ganadera, situada en el valle de Jaifa, en el término municipal del Puerto del Rosario.

Según la fiscal, la granja, perteneciente a la empresa desde el 31 de julio de 2013, fue "legalizada" previamente, en abril de 2011, por un  decreto del Gobierno de Canarias y tenía a 30 de enero de 2012 "una única construcción techada de 240 metros cuadrados y 480 metros cuadrados de corrales" que posteriormente la empresa de Alberto quintuplicó sin las preceptivas licencias.

Según la Fiscalía, "en la actualidad, existen varias construcciones techadas ocupando una superficie de 1.055 metros cuadrados, así como 1.145 metros de cochineras y 1.411 metros de corrales", levantadas, según informes remitidos por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, "en fechas recientes –2015 y 2016– y, por tanto, por el titular actual, Agropecuaria Fuerteventura, SL".

Esa ampliación, que ha permitido a la granja contar con unos 850 ejemplares de ganado caprino, se ha llevado a cabo "en suelo rústico y de forma ilegal, al carecer de la preceptiva licencia municipal y calificación territorial" exigidas por las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias.

"Además, de esta ampliación edificatoria y constructiva cabe deducir una ampliación de la explotación ganadera que, por tanto, no estaría amparada por el decreto" que legalizó la granja en 2011, señala la Fiscalía.

Respecto a los excrementos de las cabras, para la Fiscalía "queda acreditado, por la denuncia del SEPRONA [Guardia Civil] así como por el informe del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que la entidad Agropecuaria Fuerteventura SL ha llevado a cabo vertidos de purines al barranco del valle del Jaifa" procedentes de un depósito cercano con una capacidad de unos 135.000 litros.

Esos vertidos, según Fiscalía, se produjeron "al menos en dos ocasiones" en fechas próximas al 21 de marzo y 20 de septiembre de 2016. Aunque "en principio, se trata de dos vertidos aislados", las fotografías realizadas por la Guardia Civil en la denuncia que formuló "se aprecia claramente el crecimiento de la vegetación en zonas próximas al depósito de purines que se desborda, así como en las escorrentías y en el barranco del valle del Jaifa".

Según el Seprona, los vertidos pudieron "afectar tanto al terreno y/o condiciones del cauce receptor del lugar, así como a las aguas superficiales o subterráneas de la zona". "La existencia de dos vertidos de purines constatados, unido a las constantes denuncias" de una finca vecina y el "constatado aumento de la explotación ganadera sin autorización para ello, obligan a considerar la posible comisión del delito previsto en el artículo 325" del Código Penal "por el vertido de purines al barranco de Jaifa", concluye la Fiscalía.