El plazo para presentar proyectos al concurso de ideas del futuro edificio judicial de Puerto del Rosario, que será sede de todos los órganos judiciales y fiscales, así como de la Sección del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de este partido judicial, acabó el pasado 28 de junio tras recibir una treintena de proyectos. Así lo anunció hoy el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, quien adelantó que se han recibido una treintena de propuestas que el jurado, que tiene previsto constituirse hoy jueves, evaluará para tomar una decisión durante la primera quincena de septiembre.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, recordó que el valor estimado del concurso de proyectos, que incluye la redacción del mismo y su dirección de obra, asciende a 1.449.055,90 euros (sin IGIC, que deberá soportar la Administración). Las bases del concurso señalan que el edificio deberá incorporar soluciones y materiales que favorezcan el ahorro energético, así como otros criterios que favorezcan la sostenibilidad y funcionalidad del mismo y la supresión de barreras arquitectónicas.

Rodríguez apuntó asimismo que la parcela cuenta con 3.000 metros cuadrados y el edificio tendrá seis plantas con un área total de 19.450 metros cuadrados a fin de acabar con la actual dispersión judicial. En este sentido, Barragán agradece la labor de coordinación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Delegación del Ministerio de Defensa en Las Palmas, que hizo posible la aportación de la parcela, así como la realización de estudios topográficos y geotérmicos.

Como ya se informó el pasado mes de abril, el concurso conlleva el pago de un primer premio a la propuesta ganadora por el jurado con una cuantía de 25.000 euros (sin incluir el IGIC, que deberá soportar la Administración). Podrá haber un segundo premio (15.000 euros sin incluir el IGIC, que deberá soportar la Administración); un tercer premio (10.000 euros sin incluir el IGIC, que deberá soportar la Administración), y accésit, a criterio del Jurado, que se podrán otorgar sin dotación económica a cuantos trabajos estime merecedores de tal mención.

En todo caso, el órgano de contratación podrá declarar desierto el concurso de proyectos sin adjudicar ninguno de los premios previstos si ninguno resulta si es viable según lo dispuesto en las bases técnicas o de imposible ejecución desde el punto de vista presupuestario.