La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que instruye el procedimiento de reintegro abierto por el llamado caso ‘Caja fuerte’ en el Ayuntamiento de La Oliva, por el descuadre entre las cuentas y el dinero que debería haber en efectivo, ha citado para que declaren como responsables civiles subsidiarios a los dos últimos interventores y a las tres últimas personas que se sentaron en el sillón de la alcaldía.

Se trata de Rita Darias y Francisco Javier Cabrera, que ejercieron como interventores, de Claudina Morales, Domingo González Arroyo y Pedro Amador, como alcaldesa y alcaldes y también de los exconcejales María Ángeles Figueroa y Marcelino Umpiérrez.

La citación se produce por la petición de Votemos Fuerteventura, que ejerce la acusación popular en este caso, en el que también están personadas como acusaciones la Fiscalía y el propio Ayuntamiento de La Oliva. El principal investigado en este procedimiento es el extesorero, José Hilarión Cabrera.

El caso se inicia tras la incorporación, en marzo del año pasado, de un nuevo interventor, Miguel Ángel Guerra, que solicita que se haga un arqueo de caja. Sin embargo, el tesorero no realiza el arqueo pero comunica al entonces alcalde, Pedro Amador, que existía la posibilidad de que hubiera una discrepancia entre los fondos que se encontraban en la caja y los datos contables, tras lo cual presenta un parte de baja médica.

El alcalde se ve obligado a ordenar la apertura de la caja fuerte por la fuerza, y tras su apertura, el interventor realiza un informe en el que determina que faltan 813.437,89 euros. Ante la gravedad de los hechos, el interventor solicitó que se pusiera “de inmediato” el informe en conocimiento del Tribunal de Cuentas “para depurar las responsabilidades pertinentes por parte de quienes hubieran estado en puestos de manejo de caudales y valores públicos en la Corporación durante los ejercicios aquellos en que se compruebe que se han ido produciendo las sumas del alcance descrito”.

Este mismo año, en marzo, la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento reconoce que ha habido un error y envía un informe de aclaración en el que determina finalmente que el alcance es de 619.469 euros más unos 20.000 euros de intereses. La diferencia se debe, según el informe, a que constaba un asiento incorrecto de traspaso entre cuentas “cuya existencia no tenía sentido alguno”.

El extesorero, por su parte, alega que en el procedimiento se han omitido trámites que había solicitado que se llevaran a cabo y que se ha llegado a una conclusión basándose en un expediente incompleto.

Además, alega que en los informes municipales hay errores contables porque hay cantidades que pueden ser avales y garantías, “conceptos distintos al movimiento de efectivo” y destaca que puede haber responsabilidad tanto del anterior interventor como de otras tres personas que ostentaron de forma accidental el cargo de tesorero entre 2006 y 2017.

Así, pide que se vuelva a revisar la contabilidad para detectar si hay otros errores y habla de “inconsistencia en las cifras manejadas” y pide, por tanto, que en el procedimiento la cuantía se fije como “indeterminada”. Afirma que, en todo caso, no puede superar los 163.579 euros.

El caso se inicia tras la incorporación, en marzo del año pasado, de un nuevo interventor, que solicita que se haga un arqueo de caja

Por otra parte, de forma paralela, en el Juzgado se siguen unas diligencias penales por los mismos hechos. En su declaración como testigo ante la Fiscalía, el interventor declaró que en La Oliva, en ocasiones, se llegaban a ingresar en efectivo grandes cantidades de dinero, como las procedentes de impuestos urbanísticos, “lo que no debe ser práctica habitual en ningún ayuntamiento”.

En esas diligencias, la Fiscalía aprecia “indicios suficientes de la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos”. En un principio, el Juzgado había sobreseído la causa porque ya se estaba investigando en el Tribunal de Cuentas pero la Fiscalía consideró que ambas causas son compatibles, pidió que se reabriera y que se llamara a declarar como investigados a José Hilarión Cabrera y a la exinterventora Rita Darias.