El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que condena al empresario Juan José Celaya Echevarría a una pena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida.

La sentencia considera probado que Celaya se apropió de más de 4,4 millones de euros, que obtuvo de la venta de una finca en Esquinzo (Pájara) propiedad de Bernhard Baum, un acaudalado empresario alemán que “contaba con un importante patrimonio inmobiliario” en las Islas.

Ambos se conocieron a mediados de la década los 80 y surgió una relación de “total y absoluta confianza”. Celaya llegó a ser nombrado administrador de la principal sociedad del empresario alemán, Playas del Jable SL, y su “protagonismo” en la gestión de su patrimonio se incrementó a finales de los años 90, cuando Baum regresa a Alemania.

Como consecuencia de la “confianza existente”, el Supremo detalla que el empresario germano le otorgó a Celaya un poder notarial para vender una finca de la que era propietario a título particular en Esquinzo. En el poder se concertó un precio para la operación de 1,5 millones de euros.

En abril del año 2000 se materializó la venta a la empresa Cactus Garden por más de 4,4 millones de euros y se emitió un cheque al portador librado por casi 4,2 millones. “De la citada operación”, explica el Supremo, Celaya “no informa” a Baum.

El dinero “nunca llegó a poder” del empresario alemán, sino que fue Celaya “quien dispuso” del mismo. En mayo del año 2000 abrió dos cuentas bancarias en el Principado de Andorra: en la primera, en la que ingresa 1,7 millones, aparecían como titulares Celaya, Baum y otra persona, mientras que en la segunda ingresa más de 2,4 millones, “que pasan a formar directamente parte de su patrimonio”.

En enero de 2004, cuando ya las relaciones entre Celaya y Baum se habían deteriorado, el empresario español cancela la cuenta en la que aparecía el alemán, sin informarle de “nada”, y pasa el dinero a la segunda cuenta, que “va descapitalizando poco a poco”.

El dinero “nunca llegó a poder” del empresario, sino que fue el condenado “quien dispuso” de él y abrió dos cuentas en Andorra

En la causa judicial, Celaya llegó a argumentar que de la operación de venta se había quedado con casi 2,7 millones “en concepto de retribución” por la calificación del suelo de la finca, de rústico a urbano, por las “comisiones por ventas efectuadas”, y por “gastos de administración, alquileres” y “trabajos de gerencia”.

El Supremo no otorgó ninguna “credibilidad” a los argumentos del acusado, recalca que “ocultó al propietario” la venta de su finca en Esquinzo y que “antes de la muerte” en 2005 del empresario alemán, de avanzada edad, cancela la cuenta abierta en Andorra en la que figuraban ambos como titulares y traspasa los fondos a una cuenta propia.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Celaya y ratifica de esta manera la condena dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que nace de una investigación en la que tomó parte el fiscal Tomás Fernández de Páiz, destinado en Fuerteventura y especializado en delitos económicos.