Las defensas de 12 de los 13 acusados en el caso Botavara, en el que se investigó a una presunta banda de narcotraficantes supuestamente liderada por guardias civiles destinados en Fuerteventura, ha solicitado este lunes, en la cuarta ocasión que arranca el juicio, la nulidad del procedimiento.

Entre los acusados se encuentran cinco guardias civiles. Los argumentos de las defensas -que han sido rechazados por la Fiscalía, que no considera que haya habido indefensión- apelan a presuntas vulneraciones de garantías de los acusados en el desarrollo de la instrucción.

Así, las defensas han atacado la información anónima aportada por un confidente con la que aseguran que se inició la investigación y consideran que no había indicios de delito cuando los investigadores de la propia Guardia Civil pidieron al juez las intervenciones telefónicas de los acusados, por lo que también han puesto en tela de juicio los 'pinchazos'.

Además, uno de los abogados de la defensa ha cuestionado que la instrucción se llevase a cabo en un Juzgado de Arrecife, en Lanzarote, en vez de ocuparse un Juzgado de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, a pesar de que ambas Islas forman un solo partido judicial.

En el denominado caso Botavara se juzga al llamado "grupo siete" de la Guardia Civil en Fuerteventura y están procesadas 13 personas, acusadas de tráfico de drogas, organización criminal, derecho a la inviolabilidad del domicilio, falsedad, amenazas, torturas y obstrucción a la Justicia.

En el juicio, los acusados se enfrentan a penas de entre ocho a 26 años de cárcel, que suman una petición de condena por parte de la Fiscalía de más de 190 años de prisión. Los hechos que se juzgan se remonta al mes de febrero de 2013 cuando los acusados, de común acuerdo, y valiéndose de una embarcación introdujeron en El Cotillo 29 fardos con 841,78 kilogramos de hachís con el propósito de destinarlo al tráfico ilícito de estupefacientes en la Isla, donde alcanzarían un valor de 1.232.365 euros, según la Fiscalía.

La Fiscalía sostiene que tres de los acusados José T.C.M., por entonces guardia civil y considerado el cerebro de la organización criminal junto a Yeray M.A, también agente y otro de los cabecillas, y Lara L.S.S., ocultaron tres bloques y 109 pastillas de 23,5 kilos de este hachís en un apartamento de Corralejo y que habitualmente utilizaban el jefe de la operación.

Al día siguiente de la descarga se practicó el registro en el domicilio de Eduardo G.C. y Miguel G.C. en El Cotillo donde se encontraron 15 fardos con un de 435 kilos y posteriormente se encontraron otros dos fardos en otro de los apartamentos de Eduardo G.G. también de El Cotillo conteniendo 89,5 kilos de hachís, añade el Ministerio Fiscal. Tras estos dos registros, Eduardo decidió colaborar con los agentes y confesó su participación en los hechos así como la participación de otros procesados.

Así, descubrieron que la organización estaba integrada presuntamente por José T.C.M. como cerebro de la misma; Yeray M.A. también en la cúpula, junto a los subordinados Daniel M.T.D. guardia civil, Sergio V.R. también agente de la Benemérita al igual que David D.P. a los que se sumaban los procesados Abdelfattah B. y el propio Eduardo, tal y como se refleja en el escrito de acusado.

Por su parte, los procesados Marcelino T.H. y Óscar J.C.L. cooperaban puntualmente, según el Ministerio Fiscal, con la organización criminal en el desembarco, al igual que el también imputado Miguel Ángel G.C. en la ocultación de la droga y Lara L.S.S. en labores de vigilancia y buscando potenciales compradores.

Por su parte, el acusado Serafín E.M. colaboró en la recuperación de parte de la droga que se había caído al mar junto a otro imputado, Santiago S.R.M., que realizaba además vigilancia y transporte, concluye la Fiscalía.