Amo el oficio de escribir. Trato de buscar despacio cada palabra adecuada, la que refleja las emociones, los sentimientos, las reflexiones con exactitud y nitidez. Y quiero pensar que la idea, el mensaje, llega perfectamente ceñido en su vestidura de términos precisos a su receptor. Leo a los grandes y admiro su capacidad para analizar y explicar el mundo que nos rodea.

Cuando la profesión del escritor tiene como fin la información la misión es aún más notable, pues vehicula el derecho de las personas al conocimiento y a la construcción de un criterio propio. En definitiva, ayuda a valorar la realidad y a actuar en consecuencia.

Cuando se minusvalora y desprecia esa tarea fundamental, la democracia se encoge y la ciudadanía pierde munición en su batalla por la igualdad y la justicia.

Hago esta reflexión al hilo de lo sucedido estos días en el Parlamento regional respecto a la gestión de la Radio Televisión autonómica, una empresa pública nacida de la voluntad de los residentes en Canarias de conocer en profundidad la vida política, económica, social y cultural de las islas.

Coalición Canaria, Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera han bloqueado con sus votos la posibilidad de que el Consejo Rector del ente sea designado a través de un concurso público, que garantice rigor, una línea editorial sin sesgo político y la fiscalización eficiente del trabajo interno.

Desde sus bancadas, estos parlamentarios no se han ruborizado ante la evidencia incontestable del objetivo: controlar las noticias, tergiversar la información, manipular a las audiencias para obtener rédito electoral.

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha salido de inmediato a la palestra a defender lo que es suyo: La independencia. La profesionalidad. La objetividad. El derecho de la ciudadanía a la información. Su compromiso como cuarto poder, fiscalizador de la acción política y garante de la protección de los intereses generales sobre los particulares.

A continuación, debiera ser la ciudadanía la que reivindicara la libertad de prensa que conduce a la libertad del pensamiento. La pluralidad de voces y de líneas editoriales es propia de una comunicación sana y democrática, pero la radio televisión pública no puede ser puesta al servicio de los Gobiernos de turno. Y para colmo, con el dinero de todos.

* Periodista