La vista oral, en la que se juzga el nombramiento irregular de tres técnicos municipales, estaba prevista para enero de 2020, pero el Juzgado de lo Penal la ha adelantado
El caso ‘Dedocracia’, que sienta en el banquillo a dos exalcaldesas de La Oliva, se juzgará finalmente en junio
La vista oral, en la que se juzga el nombramiento irregular de tres técnicos municipales, estaba prevista para enero de 2020, pero el Juzgado de lo Penal la ha adelantado
Las dos exalcaldesas de La Oliva, Rosa Fernández y Claudina Morales, se sentarán en el banquillo de los acusados este año, en junio, y no en enero de 2020, como estaba previsto. El Juzgado de lo Penal 2 de Puerto del Rosario ha decidido adelantar la vista oral del caso ‘Dedocracia’ por una reestructuración en su agenda.
En noviembre, el Juzgado había decidido que el juicio comenzara el 20 de enero del año que viene y ahora será el 26 de junio de este año.
Fernández y Morales son las únicas procesadas en esta causa, en la que Votemos Fuerteventura ejerce la acusación popular.
Ambas están acusadas de delitos de prevaricación administrativa por el nombramiento irregular de tres técnicos municipales (secretaria, interventora y tesorero) entre los años 2008 y 2013.
La Fiscalía de Puerto del Rosario solicita ocho y nueve años, respectivamente, de inhabilitación para Fernández (PSOE) y Morales (CC).
En la actualidad, Morales es directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno regional y Rosa Fernández es portavoz en la oposición en el Ayuntamiento.
En el caso de Rosa Fernández, nombró como interventora accidental a Rita Darias, que es técnico administrativo y Bachiller superior, por decreto y sin que se conformara un expediente administrativo, según la acusación.
De igual modo, en 2009, 2010 y 2011 no se aprobaron las bases para la provisión del puesto de trabajo por lo que nadie más pudo acceder a esa plaza.
Por su parte, Morales nombró en 2011 a Rosa Delia Cabrera como secretaria accidental, cuando su puesto es de técnico administrativo y su formación Bachiller superior.
Para la plaza de tesorero, que se creó en el año 2013, no se realizó la convocatoria pública y la acabó ocupando José Hilarión Cabrera, que es auxiliar administrativo y Graduado escolar.
La Fiscalía considera que los nombramientos se hicieron sin expediente, que la resolución no la hizo un órgano colegiado, sin motivar y sin informe de la comunidad autónoma que acreditase que no había funcionarios de habilitación nacional interesados en el puesto de trabajo.
Comentarios
1 Anónimo Sáb, 05/01/2019 - 17:16
2 Majorero Sáb, 05/01/2019 - 19:12
3 MajoCoti Dom, 06/01/2019 - 08:05
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