La Audiencia Provincial de Las Palmas inició este martes en Puerto del Rosario el juicio al Jefe de servicio de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, Casto Berriel Martínez, para el que la Fiscalía pide una pena de seis años de cárcel en un procedimiento en el que hay otras cinco personas acusadas.

Los otros acusados son su sobrino, Rafael Berriel Fuentes, además de María del Pino Calcines Hernández, Blanca Lidia Chacón Gutiérrez, Rubén Curbelo Carreño, presidentes respectivamente de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera Teberite, Tajorase y Tinea, además del empresario José Jesús García Sánchez.

El juicio arrancó este martes en la sede judicial de Majada Marcial con el inicio de las declaraciones de los acusados y está previsto que finalice este miércoles con las conclusiones de las defensas y de la Fiscalía.

El principal acusado, Casto Berriel, era Jefe de la unidad relacionada con el sector primario del Cabildo desde el año 2000 y responsable, por tanto, de las concesiones de subvenciones en esa materia que se concedieron entre 2000 y 2013 a dichas agrupaciones. Casto Berriel es hermano de Domingo Berriel, que fue consejero de Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno de Canarias.

Berriel desempeñó de forma paralela, a sabiendas de su incompatibilidad, según detalla el escrito de acusación de Fiscalía, el cargo de administrador único de la entidad mercantil Microtón Fuerteventura, y desde 2012, ejerció como administrador de hecho de la entidad Servicios Agrarios Capraria, que sucedió a la anterior y en la que el administrador único es su sobrino Rafael, “conocedor de esta ilícita situación”.

Las dos empresas se dedicaban a prestar servicios sanitarios veterinarios y estaban en connivencia con los presidentes de las agrupaciones citadas, según la Fiscalía. Las agrupaciones pedían las subvenciones, que se les concedieron, cobraban por los servicios sanitarios prestados y expedían las facturas con las que justificaron ante el Cabildo dichas subvenciones, que ascendieron en conjunto a 300.000 euros.

Además, Berriel se concedió a su propia empresa una subvención para comprar un tractor presupuestado en 10.150 euros. Pidió la subvención el 20 de diciembre de 2012, que fue exactamente el mismo día en que su propio sobrino presentó la factura justificativa de la compra.

Ese mismo día también emite el informe de justificación de la subvención, afirma que se ha girado visita de comprobación y que ha visto el tractor objeto de subvención y firma la propuesta de resolución de 9.000 euros.

Sin embargo, lo cierto es que el tractor no se había comprado, señala la Fiscalía. “Para justificar en el citado expediente administrativo la materialización de la citada subvención el acusado José Jesús García Sánchez, como administrador único de la entidad Rudán Suministros Industriales, y a instancia de los acusados Casto y Rafael Berriel, confeccionó la factura indicada que se presentó en el expediente administrativo”, “a sabiendas de su falsedad por cuanto la sociedad vendedora nunca fue titular del referido vehículo agrario y, consecuentemente, nunca lo vendió”, señala el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.

En el procedimiento estuvieron imputadas más personas que no irán a juicio, ya que los hechos derivados de la presentación, en un expediente administrativo del Cabildo de Fuerteventura, de una presunta factura falsa y por la que se imputó a Juan Antonio Suárez Alemán y Juan Bernardo Fuentes Curbelo están prescritos y, de igual modo, no quedó acreditada la participación en este procedimiento de otras seis personas.

Petición de penas

La Fiscalía pidió inicialmente para Casto Berriel una pena de seis años de cárcel y diez de inhabilitación para empleo público, así como una multa de 111.00 euros por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

A Rafael Berriel le pedía una pena de dos años y tres meses de cárcel y una multa de unos 3.000 euros, a José Jesús García Sánchez, una pena de un año y ocho meses de prisión, mientras que para los presidentes de las agrupaciones ganaderas, les solicitó una multa de algo más de 2.000 euros como cooperadores necesarios de la trama.