Un nuevo informe confirma que, pese al crecimiento del PIB, la pobreza se normaliza en Canarias, con un crecimiento de su realidad más severa, y que la exclusión social sigue teniendo rostro de mujer.

Estas son, a grandes rasgos, las conclusiones a las que llega en su novena edición el informe sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en España 2008-2018 de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), que dirigen en Canarias Juan Carlos Lorenzo y Fernando Rodríguez.

Ambos han presentado junto a la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Gemma Martínez, los resultados de este estudio relativos a Canarias, que reflejan, entre otras cosas, que el 64 por ciento de sus residentes vive "en el límite de sus posibilidades".

Además, el 36,4 por ciento, es decir, 773.422 personas, está en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que suponen 50.985 afectados más por esta situación que los que se contabilizaban en 2008.

Además, destaca el hecho de que la pobreza severa, cuyo umbral se fija en 3.614 euros anuales por persona, afecte en las Islas a 195.000 residentes, esto es, a 40.000 personas más que en 2018.

Lorenzo y Martínez han recordado que este jueves se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y han admitido que España incumplirá los objetivos de la denominada Estrategia 2020, ya que, a un año de que finalice el plazo, no parece posible que se vaya a reducir en 1,5 millones el número de personas en situación de pobreza.

A juicio de la viceconsejera, "hasta que la UE no se tome en serio este fenómeno, que afecta a 118 millones de europeos, descender al plano nacional y regional va a ser difícil".

No obstante, Gemma Martínez ha dicho que el Gobierno canario está decidido a promover acciones transversales que permitan paliar en parte la realidad precaria en la que viven miles de residentes en las Islas.

Para ello, se ha propuesto elevar el próximo año de 7.000 a 13.000 el número de "unidades de convivencia" que se beneficien de la Prestación Canaria de Inserción, que se pretende que sea la "puerta de entrada" a la futura renta ciudadana.

Según Martínez, el Ejecutivo regional estima sacar a información pública a finales de este año la ley que regula esta renta ciudadana, que podría entrar en vigor a finales de 2020.

La viceconsejera ha informado de que otra de las prioridades del departamento que dirige Noemí Santana será el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, para lo que ya trabaja en la elaboración de un catálogo de derechos sociales para "clarificar los derechos subjetivos que la ciudadanía puede reclamar" a la Administración autonómica.

El objetivo es "integrar a nuestra gente", ha dicho Gemma Martínez, quien ha asegurado que otra línea de actuación de este departamento, y que se pretende hacer extensiva a todos los del Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres, es la introducción de la perspectiva de género en las convocatorias de subvenciones que se promuevan, algo que ya se ha comenzado a hacer.

En el corto plazo, Martínez ha referido que el departamento de Derechos Sociales del Gobierno canario se ha comprometido a usar de la forma más coherente posible los fondos propios y los que llegan del Estado y de la UE.

De cara al próximo ejercicio, este área está tratando de contar con unos presupuestos "creíbles" para afrontar la emergencia social que tiene Canarias, de ahí que trate de hacer ver a Hacienda la necesidad de que las acciones para hacer frente a este reto y al relacionado con el desarrollo sostenible cuenten con la suficiente financiación.