Los alcaldes y tenientes de alcalde de los seis municipios en los que gobierna o cogobierna Coalición Canaria en La Palma han rechazado este sábado ceder al Gobierno de Canarias un porcentaje de los ingresos por la recaudación del IGIC que corresponden por ley a los municipios.

“Nos hemos reunidos de urgencia preocupados ante la posibilidad de contar el próximo año con menos recursos de los que necesitamos para atender, día a día, las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”, explica el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez.

En este sentido, los alcaldes de Coalición Canaria consideran que el Gobierno de Canarias debe buscar los recursos que necesita para cuadrar el presupuesto autonómico de 2020 por otras vías, “sin restar medios a otras administraciones que deben hacer frente a sus propias competencias”.

Según CC, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha planteado a los ayuntamientos intercambiar los porcentajes de reparto de los ingresos recaudados por el IGIC que, por ley, están establecidos en el 58 por ciento para los ayuntamientos y el 42 por ciento para la comunidad autónoma.

“Esta medida, aunque se aplique solo durante un año, supone una pérdida para las administraciones locales que no debemos y, sobre todo, no podemos aceptar”, añade Sergio Rodríguez.

En opinión de los alcaldes de Coalición Canaria, “La Palma, con una actividad económica que no acaba de despegar, no puede permitirse perder ni un solo euro del dinero que legalmente le corresponde”.

“El Gobierno de Canarias tiene que exigir al Gobierno de España que salde la deuda de más de 900 millones que tiene con Canarias” y “así no será necesario subir impuestos ni quitar recursos a los ayuntamientos, que son los que atienden de manera directa las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos”, han agregado.

Respecto a un posible nuevo reparto de los recursos del Fdcan y la redefinición de sus objetivos, los alcaldes nacionalistas confían en que la idea del Gobierno de Canarias no sea la de reducir las aportaciones ya comprometidas a los ayuntamientos y cabildos y consideran que cualquier decisión al respecto debe ser consensuada con la Fecam y Fecai.