En Fuerteventura ya hay más de 9.700 personas mayores de 65 años. Junto a las personas dependientes, son las que más cuidados requieren. La Isla cuenta con unas 260 plazas sociosanitarias, que se quedan cortas.

El caso de Lucas Vargas, el joven postrado en cama hace meses, al cuidado de su familia, a la espera de un informe de minusvalía que le dé acceso a una plaza en una residencia para personas dependientes, ha avivado el debate sobre las graves carencias que Fuerteventura padece en materia sociosanitaria.

En el último pleno del Cabildo, los grupos ratificaron una moción del Partido Popular solicitando la resolución al expediente de Lucas, al que se unieron finalmente los otros diez peticionarios que están pendientes de valoración, un retraso debido a que las dos técnicos valoradoras que prestan sus servicios en la Isla se encuentran de baja laboral. Cabe señalar que las peticiones de ayudas a la dependencia vinculadas a casos de discapacidad deben ser resueltas por los servicios de la comunidad autónoma, que lo comunican al Cabildo para su dictamen. De estos casos hay once paralizados en la Isla, contando el de Lucas.

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El consejero de Bienestar Social, Víctor Alonso, explica la situación poco halagüeña en la que el actual grupo de gobierno había encontrado el departamento y las gestiones que se están llevando a cabo para solventar algunos casos que llegan a ser sangrantes. Alonso explica que este mes de noviembre se destinará a un técnico que intentará agilizar la tramitación de las citadas peticiones en espera, hasta que se publiquen las nuevas listas de sustitución, “aunque desde el Cabildo se ha solicitado que se saquen listas insulares, para no tener que lidiar con el mismo problema cada vez que hay falta de personal”, indica el consejero.

Las necesidades sociosanitarias de Fuerteventura pasan por cuestiones de calado, como es la gestión misma del convenio entre Cabildo y Gobierno canario para la puesta en marcha del segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. En febrero pasado las instituciones vendieron la licitación de la residencia y el centro de día para personas mayores dependientes de Puerto del Rosario, por casi 10 millones de euros, “una residencia que no solo no se había licitado cuando nos incorporamos al gobierno en julio, sino que ni siquiera tenía el proyecto supervisado”, asegura Víctor Alonso.

La paralización de la ejecución de las inversiones que contempla el plan, y que habría que haber justificado este 31 de octubre, ha sido una espada de Damocles para los nuevos responsables del área del Cabildo majorero, que acaban de negociar una adenda con el Gobierno para no verse obligados a devolver 6,4 millones del plan para infraestructuras que “no daba tiempo a justificar”.

Como la situación no parece ser exclusiva de Fuerteventura, la consejera canaria de Derechos Sociales, Noemí Santana, anunció hace unos días en el Parlamento que se amplía en un año, hasta el 31 de octubre de 2020, el plazo para que cada cabildo cree las plazas sociosanitarias previstas en el plan, a través de las correspondientes adendas de prórroga y modificación del convenio para reajustar las anualidades. La ampliación del plazo afecta también a la justificación de los años 2017 y 2018.

En una reciente reunión con el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, los responsables majoreros pusieron sobre la mesa las partidas justificadas a fecha 31 de octubre, que sumaban solo tres de los 8,5 millones a justificar. La adenda del Gobierno, que exime de justificar más partidas en este 2020, ha evitado tener que devolver 6.422.000 euros más intereses en inversiones no ejecutadas, inversiones que se reprogramarán en los ejercicios 2021 y 2022.

Nueva residencia de mayores

Entre las cuestiones prioritarias, se encuentra la residencia de mayores de la capital, que prevé cien plazas residenciales y 30 diurnas. “Hemos retomado la tramitación que estaba abandonada y trabajamos para poder tener supervisado el proyecto cuanto antes, a fin de empezar a construir este mismo año”, indica Alonso. La obra tiene un plazo de ejecución de unos 14 meses, “lo que nos permitirá abrir a principios de 2021”.

Otra de las infraestructuras que se beneficiarán a corto plazo del plan sociosanitario es la residencia de mayores de Casillas del Ángel, que necesita de una puesta a punto que llevará cuatro meses de obras para adaptarla a la nueva Ley. Es intención del Cabildo, por otra parte, trasladar a los 60 usuarios de este centro a Puerto del Rosario, una vez esté en funcionamiento la futura residencia, y destinar el inmueble de Casillas a otro fin, siempre de carácter social.

Entre las previsiones a corto plazo está la ejecución del proyecto de salud mental, con calificación de interés insular y que incluirá la residencia sociosanitaria de mayores de Gran Tarajal y el centro de día. 

En lo que respecta al sistema de dependencia en Fuerteventura, las plazas se reparten entre las 60 de la residencia sociosanitaria de Casillas del Ángel; 20 residenciales y 10 de estancia diurna de la residencia de discapacitados; 25 del centro de día de Puerto del Rosario; 15 del centro de día de Gran Tarajal; 20 del centro de rehabilitación psicosocial de Puerto del Rosario: 20 del centro de rehabilitación psicosocial de Gran Tarajal, además de las dos plazas para la Isla en el centro San Juan de Dios en Tenerife, de atención a personas con discapacidad y trastornos de conducta. Las plazas nuevas previstas en el segundo plan sociosanitario sumarían un total de cien, con lo que la oferta ascendería a unas 260 plazas.

Plazas en Corralejo

Además, el Cabildo ha solicitado la inclusión en el sistema de dependencia del actual centro de mayores Josefina Plá de Corralejo, que albergará otras 20 plazas de estancia diurna. Para ello, el Ayuntamiento de La Oliva prevé llevar este mismo mes a pleno la cesión demanial del inmueble para que el Cabildo pueda acondicionarlo y dotarlo convenientemente como centro de día sociosanitario para personas en situación de dependencia. Una vez se agilicen las valoraciones y resoluciones pendientes, es probable que se incremente la lista de espera de demandantes de una plaza sociosanitaria en la Isla. En Fuerteventura hay unos diez peticionarios de residencia de mayores; once de residencia para dependientes (en total hay 106 peticionarios de todo tipo de ayudas a la dependencia, como asistencia a domicilio o apoyo económico), además de los once expedientes paralizados y una persona en lista para plaza ocupacional.

Sobre todo en el caso de los mayores, y aunque la demanda de residencia no parece inasumible, el Cabildo pretende “favorecer en la medida de lo posible que los ciudadanos que necesitan ayuda sigan en su entorno”, dice Víctor Alonso. Para ello, existen programas avanzados de atención sociosanitaria, como el que ya está en marcha en Betancuria, con la colaboración del Ayuntamiento, con un programa de supervisión a domicilio de las personas mayores, que incluye hasta el fisioterapeuta. Un futuro que se desearía no tan utópico y sobre todo no tan lejano.