El Consejo Superior de la Guardia Civil acordó por unanimidad el pasado 19 de septiembre que el expediente que se mantiene abierto contra la sargento del Seprona de Lanzarote, Gloria Moreno, se resuelva sin declaración de responsabilidad por su parte.

La decisión se tomó antes de la vista oral del juicio contra la sargento, pero se comunicó posteriormente, cuando ya se había celebrado. Este expediente era el octavo que se había abierto contra la Sargento.

Hasta ahora, o bien en la vía administrativa, o bien en los tribunales militares, los expedientes han finalizado de forma favorable para la sargento, sin sanción o anulando la jurisdicción militar la sanción que se le había impuesto.

El plazo de tramitación de este expediente por supuesto acoso laboral por parte de estos tres agentes quedó suspendido el pasado 20 de agosto. Se había abierto tras la queja de estos agentes por la “realización reiterada en el marco de una relación de servicio de actos de acoso psicológico y hostilidad”.

En este caso, el expediente se abrió por una queja contra la sargento de tres de sus subordinados en el destacamento de Lanzarote. Uno de esos agentes también es el denunciante del caso que le ha llevado a la sargento al banquillo por una presunta falsedad en documento oficial, ya que puso en conocimiento de sus superiores que la habían informado de que este agente podía estar pasando información sobre las operaciones de la Guardia Civil a los cazadores furtivos en Alegranza.

Esos hechos se investigaron e incluso dieron pie a un proceso judicial, que se archivó. Fue entonces cuando el agente denunció a la sargento.  Los tres agentes, que se encuentran de baja médica, pusieron una queja por el supuesto acoso, que se habría producido en fechas muy anteriores a la interposición de dicha queja.

Fueron llamados al gabinete psicológico, aunque uno de ellos afirmó que no sabe quién promovió esa cita con el gabinete. En sus declaraciones dentro del expediente, los agentes reconocen que la sargento no les insultó y que tampoco tuvo conductas despóticas o autoritarias.

Cuando se les pregunta por las faltas de respeto, alegan que la sargento les decía que no hacían nada o que no daban el cien por cien en el trabajo. Dos de ellos fueron sancionados por no tramitar cuatro denuncias de maltrato animal. 

También reconocen que no modificó las condiciones de trabajo sin motivo o sin seguir el procedimiento legalmente establecido y que no les presionaba para aumentar la jornada laboral. Uno de ellos incluso reconoce que le daba facilidades para conciliar su vida familiar con la laboral.  

En cuanto a las órdenes para realizar labores penosas o de imposible cumplimiento, uno alegaba que les obligaba a limpiar los vehículos, otro que en una ocasión quiso que se embarcara en una embarcación del Cabildo sin la indumentaria correspondiente, que ordenó la detención de una persona por pesca ilegal, aunque en el expediente se refleja que solo pidió que se realizaran diligencias, o que ordenó a un agente que bajara el risco de Famara en el mes de julio y este alegaba que  padecía bronquitis asmática. Otro apuntó que le hacía repetir algunos oficios porque no le gustaba cómo estaban redactados.

En sus declaraciones dentro del expediente, los agentes reconocen que la sargento no les insultó y que tampoco tuvo conductas despóticas o autoritarias

A Moreno se le abrieron dos expedientes por dos faltas leves, uno por una supuesta falta de consideración con el director del Centro Isla de la Graciosa, que fue recurrido ante el Tribunal Militar y le dio la razón a la sargento, y otro por no evitar la queja de una vecina de Arrecife que había denunciado en varias ocasiones el estado en que se encontraba un solar vecino sin que se actuara para resolver dicha situación. Ese expediente finalizó con una sanción de un día sin sueldo y fue anulado en un recurso de alzada.

Del tercero, que se abrió porque, supuestamente, Moreno no tramitó unas denuncias de las protectoras de animales, se declaró su caducidad, pero fue reabierto y volvió a archivarse. El cuarto se abrió por solicitar las declaraciones de los testigos que intervinieron precisamente en los expedientes anteriores y también fue anulado.

El resto de los expedientes son reaperturas de los mismos. El único que queda en vigor, además de este para el que se propone que no hay responsabilidad, es una queja del veterinario de la perrera municipal por “una persecución injustificada y arbitraria en el desarrollo de su actividad profesional”. El veterinario llegó a denunciar a Moreno en los tribunales y después retiró la denuncia.