¿Se puede resarcir la destrucción de valiosas coladas volcánicas?  ¿Hay medidas que compensen la pérdida de un hábitat protegido por Europa? Para los ecologistas que impulsaron la denuncia contra la urbanización Origo Mare, en La Oliva, solo cabe una respuesta, y es negativa. El Gobierno de Canarias, en cambio, se ha lanzado a articular una serie de programas de corte medioambiental con los que pretende una amnistía en la Comisión Europea, que tiene un expediente de infracción contra España por vulnerar la normativa europea sobre protección ambiental en la ejecución de Origo Mare.

La urbanización incumplió dos directivas europeas: la que exige un informe previo a su desarrollo y la que requiere una evaluación de impactos en un área considerada de protección especial. El caso de Majanicho ha llegado a la fase conocida como carta de emplazamiento y de ahí solo puede pasar al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en donde España se arriesga a multas millonarias.

El Gobierno de Canarias ya recogió en su presupuesto para este año 300.000 euros para elaborar un plan de recuperación de la hubara, una especie protegida, para “resolver” la infracción de la normativa europea. Con una mínima asistencia de público, el Ejecutivo autonómico celebró el pasado 25 de octubre un taller de participación ciudadana en La Oliva sobre las medidas compensatorias en relación a la urbanización de Majanicho.

Para ello se ha contratado a cinco empresas, con un presupuesto de 52.000 euros, para hacer una evaluación ambiental, que denominan  ex post, es decir, después de ejecutada la urbanización y cometido el “destrozo” ambiental, en vez de haberlo hecho antes de que se construyese.

Según indica Marian Martínez, encargada de coordinar a los diferentes equipos, el desarrollo de los proyectos rondará el millón de euros. Así, la empresa Arqueocanarias está realizando los estudios arqueológicos y etnográficos. Otro equipo, Birding Canarias, se va a encargar de mejorar el hábitat de aves esteparias y, en concreto, se nombró la restauración de gavias del Cárcel, un proyecto que, curiosamente, realizó el grupo ecologista Agonane con el experto Joachim Hellmich en 2002.

También se anuncia un plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que abarca todo el litoral de Majanicho. Asimismo, trabajarán grupos de especialistas en paisaje. Martínez Izquierdo avanza que se trata de ordenar toda la costa de El Cotillo a Majanicho, llegando a Corralejo, incluido el charco de Bristol, y asegura que las autoridades les han garantizado que las medidas se ejecutarán.

Mientras el Gobierno de Canarias trata a la desesperada de justificar ante Europea que está adoptando medidas que remedian el impacto negativo de la urbanización ilegal de Majanicho, el portavoz de Agonane, Juan Antonio Cabrera, asegura que recurrirán al Defensor del Pueblo en Europa, “porque la única medida que se puede aceptar en esta urbanización es la demolición y la restauración del hábitat”. 

El impacto de Origo Mare En los estudios sobre el impacto de la construcción de Origo Mare, que ocupa unas 120 hectáreas, se concluye que se destruyó más de un millón de metros cuadrados de malpaís, coladas volcánicas en buen estado de conservación y hábitat protegido por la Unión Europea que desaparecieron del paraje de Majanicho.

La empresa promotora, Nombredo, dio entrada hace seis años al tour operador francés de bajo coste Pierre et Vacances, con el respaldo del Cabildo de Fuerteventura, que llegó a hacer presentaciones en la embajada de España en París.

No obstante, la situación de la urbanización es mala. Una inmobiliaria propiedad de la empresa Blackstone, considerado un fondo buitre, y del Banco Santander, está vendiendo un complejo de 43 villas con un precio de salida menor de 90.000 euros. En los últimos años, el complejo se comercializa a precios bajos y son habituales las quejas por su mal estado y aislamiento.