Los tres acusados por una causa relacionada con la adjudicación de obras a la empresa Proyectos y Servicios de Lanzarote (Proselan) en el Ayuntamiento de San Bartolomé entre los años 2004 y 2007 han reconocido los hechos este lunes por la mañana ante la Audiencia Provincial de Las Palmas y se han conformado con una pena de dos años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa, fraude y malversación de caudales públicos.

Primero reconoció los hechos el exinterventor Carlos Sáenz, que cumple condena en la cárcel de Tahíche por otras tres causas más y tiene tres más pendientes. La pasada semana fue el empresario José Daniel Hernández Arráez, que también está en prisión por el caso Proselan en el Ayuntamiento de Arrecife, quien decidió conformarse con la pena, y finalmente el ex concejal de Servicios Públicos, Pedro Reyes (PP), aceptó la conformidad.

La Fiscalía se opone a que se suspenda la pena para los dos primeros, al tener antecedentes, pero no para Reyes, que no tiene antecedentes y que no entrará en prisión. Tampoco tendrá que hacer frente a la responabilidad civil, que sí deberán pagar Sáenz, Hernández Arráez y su empresa, hasta satisfacer más de 81.000 euros. La sentencia es firme.

La defensa del Ayuntamiento de San Bartolomé no se opuso a que se suspendiera la penas para los tres, y las defensas de Sáenz y del empresario solicitan que no tengan que cumplirla en la cárcel, en ambos casos por su compromiso para abonar la responsabilidad civil, y en el caso de Hernández porque considera que este habría sido su primer delito, ya que los hechos de Proselan en Arrecife, aunque se juzgaron antes, son posteriores.

En el caso Proselan de Arrecife se condenó a Sáenz y a Hernández Arráez por el pago de obras de electricidad para fiestas que ni siquiera se llevaron a cabo, en esta ocasión en el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña y que supusieron una malversación de 300.000 euros. También fue condenado el técnico municipal Rafael Arrocha.

Caso Proselan en San Bartolomé

En el escrito de acusación de Fiscalía se relataba una malversación en San Bartolomé de casi 600.000 euros y pedía seis años de prisión para cada uno por la presunta contratación irregular a la empresa. El escrito señalaba que se tramitaron múltiples expedientes de contratación de forma presuntamente ilegal.

“Se creaba la ficción de la adjudicación directa por contrato menor”, señala la Fiscalía, sabiendo que estaban prescindiendo de las normas de contratación pública y de que no podían ser contratos menores porque el límite superaba los 12.000 euros fijados para la adjudicación directa de suministros.

Fueron 36 los expedientes que se adjudicaron a la citada empresa sin que existiera contrato. Al menos en 13 de ellos, según la Fiscalía, ni siquiera se hizo la obra o el servicio, cuatro de ellos en 2004, otros cuatro en 2005 y cinco en 2006. Durante la vista de esta mañana, que ha durado diez minutos, se modificó esa cantidad rebajándola ocho expedientes que no se habrían llevado a cabo.

Según queda ya acreditado, el empresario presentaba en Intervención las facturas de los supuestos servicios prestados. De ellas, 17 de estas facturas, que corresponden a 2006, fueron presentadas al cobro en 2007 y se conformaron mediante la firma de reyes como concejal de Servicios Públicos, que era el departamento que asumía el gasto “simulando que el expediente de contratación era válido y que el servicio o la obra se habían desempeñado en las condiciones pactadas”. Los supuestos responsables políticos de otras concejalías de los otros 19 expedientes no han estado imputados durante la instrucción ni se han sentado en el banquillo.

Servicios no prestados

El interventor autorizaba las facturas y reconocía la obligación de pago, “a sabiendas de que en muchas ocasiones no se habían prestado los servicios descritos y de que su proceder era totalmente incompatible con la normativa administrativa de contratación pública aplicable”. Nueve de esas facturas son de 2003, seis de 2004, cuatro de 2005 y las otras 17 de 2006. La de menor importe es de 630 euros y la mayor de 29.000 euros.

Entre los conceptos se encuentran obras correspondientes al alumbrado de La Cañada (Güime), dos de la segunda fase de electrificación de Guacimeta, una de la electrificación de la calle El Cercado en Guïme, dos de la instalación eléctrica de la cancha deportiva, una por instalación de torretas y otras por ampliación de la red telefónica.

También había facturas de la red informática, del campo de lucha, de la reforma del centro sociocultural El Porvenir, el proyecto eléctrico para el teleclub de Güime, el del teleclub de Playa Honda, instalaciones en el campo de fútbol de Playa Honda, proyectos y legalizaciones en Playa Honda, el centro sociocultural de Montaña Blanca, el de El Islote o alumbrado público sin especificar.