La Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias ha aprobado este lunes el dictamen del proyecto de ley de presupuestos para 2020, un trámite en el que ha prevalecido el diálogo, según los grupos que respaldan al Gobierno, a los que la oposición acusa de aplicar el rodillo.

El dictamen será debatido y previsiblemente aprobado en el pleno del 19 y 20 de diciembre, tras lo cual el presupuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

El presupuesto de Canarias prevé un gasto en 2020 de 9.569 millones de euros, un 8,75 por ciento más que este año, de los cuales 1.468 millones serán para amortizar deuda, de modo que si se excluyen este y otros gastos financieros quedan 8.066 millones, un 2,7 por ciento más.

Iñaki Lavandera, representante del PSOE, subrayó que los cuatro grupos que respaldan al ejecutivo han buscado el diálogo, y de hecho han aprobado enmiendas de la oposición y han alcanzado numerosas transacciones.

Pero entre ellas no han estado revertir la subida fiscal propuesta por el Gobierno, necesaria para contribuir a la sostenibilidad de los servicios públicos, la lucha contra la pobreza y el aumento del gasto sanitario, educativo y social, argumentó.

Socorro Beato, de Coalición Canaria, dijo en cambio que la mayoría de las enmiendas aceptadas han sido técnicas, ninguna sustantiva, y acusó a los grupos del gobierno de dar la espalda a los empleados públicos, a cabildos y ayuntamientos y a los ciudadanos, a los que se suben los impuestos cuando lo que requiere la economía son estímulos ante una previsible desaceleración.

Fernando Enseñat, del PP, afirmó también que se ha pasado "el rodillo", ya que de las 650 enmiendas presentadas por la oposición apenas se han aprobado una decena, afirmó.

"Dicen que son unos presupuestos sociales cuando de los 352 millones que sube el gasto social el 60% es para gastos de personal" que se van en pagar carreras profesionales y reducciones de jornada, afirmó.

La subida de impuestos no apunta a "los que más tienen" como argumenta el Gobierno, sino a las clases medias sostuvo, puesto que la recaudación adicional prevista corresponde al IGIC en 150 de los 168 millones.

La representante de Ciudadanos, Vidina Espino, también criticó el "rodillo" y la "apisonadora" que a juicio han aplicado los grupos del Gobierno a la oposición y calificó de "decepcionantes" los presupuestos, que son continuistas y no plantean ni reformas ni medidas para resistir la desaceleración económica.

No obstante, Espino se congratuló de que se aprobara su propuesta para aumentar las deducciones fiscales por gastos escolares desde los 100 euros por familia ahora vigentes a 100 euros por el primer hijo y 50 euros por cada hijo adicional.

Luis Campos, de Nueva Canarias, afirmó que se trata de un presupuesto que impulsa claramente las políticas sociales y rebatió que la subida fiscal sea "un ataque a la gente", puesto que se trata de "política de redistribución" para sufragar unos servicios públicos infrafinanciados por anteriores gobiernos que están "a la cola" de España.

Manuel Marrero, de Sí Podemos, incidió también en que no se ha aplicado el "rodillo" sino el acuerdo y aseguró que son presupuestos sociales y redistributivos para que "pague más quien más tiene", al tiempo que dijo que es una irresponsabilidad hablar de "sablazos" cuando lo que se busca es favorecer a "la mayoría social".

Jesús Ramos Chinea, de ASG, afirmó que el presupuesto ya era bueno cuando lo remitió el Gobierno, pero aun así se ha "perfeccionado" en el Parlamento.