El puerto de Agaete (Gran Canaria), no se ampliará, ya que el gobierno canario ha suspendido la declaración de "excepcional interés público" de su ampliación, pero se mejorará, ha dicho este viernes en rueda de prensa el portavoz del ejecutivo regional, Julio Pérez.

La suspensión de la declaración de excepcional interés público de la ampliación se debe a que no se cumplen las condiciones de aumento de tráfico marítimo que en 2001 se utilizaron para pedir la obra, indicó el consejero.

Esta decisión del consejo de gobierno obliga a incumplir el contrato de la empresa a la que se licitaron las obras,  por lo que probablemente tendrá que ser indemnizada, algo que, señaló el consejero, tendrá un coste inferior al de hacer unos trabajos que serán inútiles y que no contarían con financiación comunitaria.

El portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad comentó que si bien la obra salió a licitación la obra no se ha empezado "quizás porque alguien en la Consejería" de Obras Públicas se dio cuenta de que no se cumplían las condiciones".

La decisión de suspender la declaración ha sido propuesta por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda  otorgada en 2006 porque no se cumple con los condicionantes socioeconómicos exigidos por la declaración de impacto ambiental del proyecto, se explica en la nota de prensa del consejo de gobierno.

La condición era que antes de iniciarse las obras se acreditase  que se mantenían los pronósticos de aumento de tráfico marítimo que había en 2001, explicó el consejero, quien añadió que se hablaba de desviar a Agaete parte del flujo que había entre los puertos de Sana Cruz de Tenerife y La Luz y Las Palmas.

Y desde 2015, cuando comenzó la licitación de las obras, hasta ahora, se han dado una serie de circunstancias objetivas nuevas que han demostrado que esas condiciones socioeconmicas no se cumplen, agrega el ejecutivo en su acuerdo.

La demostración procede de varios estudios técnicos que se hicieron el pasado año, en los que se pone en evidencia que el tráfico marítimo en el puerto de Agaete  se ha ralentizado, entre otras cuestiones, por la implantación de una nueva línea que une las dos capitales de la comunidad autónoma por medio de barcos de alta velocidad.

Además, en un estudio encargado por Puertos Canarios a una consultora se dice que la estimación media de crecimiento del tráfico de pasajeros y mercancías para el periodo 2019-2023 entre Agaete y Santa Cruz de Tenerife es "sólo" del 2,1 por ciento, en contra de las estimaciones hechas en 2006 que preveían un aumento considerable.

También ha hecho un informe la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en él se constata que en diciembre del pasado año no se cumplían el condicionante según el cual tenían que mantenerse los pronósticos de aumento de tráfico.

Por ello, el consejo del gobierno de Canarias ha tomado la decisión de suspender la declaración de excepcional interés público de ampliación del puerto de Agaete.

Julio Pérez manifestó asimismo que el gobierno había declarado "hace muchos años" un conjunto de puertos de carácter excepcional porque la ley canaria manda que solo se hagan puertos que estén incluidos en el plan de puertos.

Y "para sorpresa, por lo menos mía", nunca ha habido un plan de puertos, y por ello solo se puede hacer un puerto si el gobierno regional lo declara de excepcional interés público, dijo el portavoz del gobierno canario.

El gobierno entiende que no tiene sentido mantener la declaración para un puerto que se ha dicho que las previsiones de tráfico han variado mucho.

Julio Pérez insistió en que el titular de Obras Públicas, Sebastián Fanquis, ha dicho que se quiere mejorar el puerto de Agaete, para lo que también se requerirá de declaración de impacto ambiental.

En cuanto a la indemnización a la empresa que ha obtenido la licitación el portavoz declaró que será de un porcentaje, cree que del 2 por ciento de 40 millones de euros, pero "muchísimo más gasto" sería hacer una obra "inútil".

Una obra que además no tendrían declaración de impacto ambiental y que probablemente perdería el 75 por ciento de los fondos Feder y que ahora se podrán destinar a otras iniciativas, concluyó Julio Pérez.