El año 2019 fue un ejercicio judicial intenso para los casos de corrupción. Hubo sentencias de piezas de dos de los casos más importantes de los últimos años: Unión y Montecarlo. De Unión se juzgó la pieza de las comisiones ilegales del PIL en Arrecife, mientras que Luis Lleó reconoció que intentó sobornar a Carlos Espino y con ello se dio carpetazo a esa pieza, que inició el caso.

Lleó acabó reconociendo los hechos después de haber presentado cerca de un centenar de recursos y de haber intentado tumbar el caso por todos los medios. Ante la evidencia de que se acercaba el juicio optó por reconocer los delitos y aceptar una pena que no le llevará a prisión.

En el caso Montecarlo, los cinco acusados de la pieza relacionada con San Bartolomé también reconocieron el desfalco de 460.000 euros y fueron condenados a una pena reducida. Lo mismo pasó con los tres acusados de otra pieza relacionada con la empresa Proselan, que ya se juzgó en Arrecife pero, en esta ocasión, se trataba de un fraude en San Bartolomé de casi 600.000 euros. Se declararon culpables de malversación y prevaricación ante la Audiencia de Las Palmas.

El año 2020 llega de forma similar. El plato fuerte será el juicio del caso Stratvs, el segundo de los juicios sobre esta bodega. La vista oral durará 20 sesiones entre los meses de enero y marzo.

Comenzará el 14 de enero en Arrecife y proseguirá los días 15 y 16 de enero, también en la capital lanzaroteña. En las primeras jornadas se abordarán las cuestiones previas del juicio y se tomará declaración a los acusados.

La vista oral proseguirá los días 11, 12 y 13 de febrero, con sesiones también los días 17 y 19 de febrero en Lanzarote. En marzo hay reservadas fechas los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 y 24 en Lanzarote, y 25, 26, 30 y 31 de marzo en Gran Canaria.

La Fiscalía de Medio Ambiente pide una condena para Juan Francisco Rosa, promotor de la bodega, que suma 15 años de prisión, y el derribo de las instalaciones construidas de forma ilegal en el Espacio Natural Protegido de La Geria, “al margen de toda la normativa urbanística en vigor”. También pide “la reposición del terreno a la forma que más se asemeje a su estado originario, al ser el daño causado irreversible, a costa de los acusados”.

Le acusa de varios delitos: uno continuado de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento público, otro de usurpación de bienes, uno contra la ordenación del territorio con afectación grave a un espacio natural protegido, otro contra el patrimonio histórico y un delito contra el medio ambiente.

Se sentarán en el banquillo otras diez personas más, entre ellas el arquitecto que diseñó y dirigió el proyecto, Miguel Ángel Armas y funcionarios y cargos públicos de las tres administraciones implicadas, que son el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza, además de la empresa BTL, como persona jurídica.

La acusación popular de Transparencia Urbanística pide, para Rosa, 21 años de cárcel porque le considera también responsable de tres delitos de tráfico de influencias, tanto en la concesión de las licencias y permisos ilegales como en la presunta modificación catastral de las parcelas de la bodega, y que el Ayuntamiento de Yaiza le cobrase menos de lo que debiera en impuestos municipales.

En este caso, las autorizaciones obtenidas fueron concedidas para  la restauración de una vivienda antigua de valor etnográfico y la construcción de un almacén bodega subterráneo de 900 metros de superficie, pero lo que se hizo fue “derribar la vivienda, y construir un macro complejo de unos 12.000 metros construidos en una superficie de más de 9.000 metros de espacio protegido, que incluyen una bodega industrial, un restaurante, cocinas, una tienda cafetería, varias terrazas, amurallamientos y otras instalaciones”, según el escrito de acusación de Fiscalía.

Las administraciones públicas que debían velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental “no pusieron traba alguna a los desmanes urbanísticos y especulativos del empresario, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente insular en perjuicio de todos los lanzaroteños”.

Pedro San Ginés.

Montaña Roja

El segundo juicio previsto del año es el de la desaladora de Montaña Roja, que sentará en el banquillo al expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés (CC), a Francisco Perdomo y a José Juan Hernández Duchemín, secretario y gerente del Consejo Insular de Aguas, respectivamente. Se celebrará durante cuatro días entre marzo y abril. Está prevista una cita en el Juzgado para fijar las fechas definitivas para evitar coincidencias con el juicio de Stratvs, al estar Hernández Duchemín también acusado en el citado caso.

La incautación de la desaladora, que se llevó a cabo sin autorización judicial y sin informes por escrito que avalaran esta medida, ya fue anulada por un Juzgado de lo contencioso. La Fiscalía no acusa pero sí lo hace el grupo de Podemos en el Cabildo como acusación popular, que pide 12 años de inhabilitación.

Stratvs y Montaña Roja son los dos juicios previstos, pero muy probablemente habrá más. En el caso Montecarlo ya hay dos piezas en las que se ha abierto juicio oral: la relacionada con la contratación irregular de pliegos para licitaciones en Arrecife y la de la empresa Tunera.

En el primer caso, se sentarán en el banquillo el exinterventor municipal Carlos Sáenz, actualmente en prisión, su socio José Vicente Montesinos, el abogado Federico Toledo y el exconcejal en San Bartolomé Javier Betancort, que hizo trabajos para las empresas de Montesinos. Es probable que varios o todos los acusados reconozcan los hechos y lleguen a un acuerdo con Fiscalía, tal y como ha hecho el exinterventor en otras piezas.

La Fiscalía les acusa de malversación de caudales, falsedad en documento mercantil, cohecho y blanqueo de capitales, con petición de penas que oscilan entre los cuatro y los 15 años de cárcel.

El otro caso, el de Tunera, se juzgará por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, aunque se debe resolver primero un recurso de apelación contra el auto por el que la causa pasó a procedimiento abreviado. En esta pieza aparecen acusadas once personas.

Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero.

Jable

La gran incógnita del año es si se fijará la fecha de la última pieza que queda del caso Unión, la relacionada con las empresas Urbaser y FCC y los contratos de limpieza y del pabellón de Argana Alta.

El caso Jable sigue paralizado por la recusación del abogado Fernández Camero a tres magistrados. El TSJC no ha resuelto esa solicitud y tampoco se ha fijado la fecha para la vista oral

La tramitación se ha atascado porque uno de los acusados, Felipe Fernández Camero, recusó a varios magistrados y, dos años después, no se ha resuelto esa cuestión. El nuevo fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, pidió en octubre un impulso para el caso por este motivo, porque lleva dos años paralizado. En esta pieza están acusadas 13 personas.

La Fiscalía Anticorrupción pide 13 años de cárcel para Dimas Martín e Isabel Déniz por delitos de asociación ilícita, prevaricación y cohecho de manera continuada. Fernández Camero y Arrocha se enfrentan a penas de hasta 19 años y seis meses de cárcel y 11 años y seis meses, respectivamente. Dimas Martín e Isabel Déniz, junto a Rafael Arrocha y al exsecretario municipal Fernández Camero recibieron al menos 757.000 en sobornos en metálico y en regalos, según la acusación de Fiscalía.

Precisamente, otra de las incógnitas es si Camero se sentará también en el banquillo por una pieza separada del caso Yate, por los pagos que le hacía de forma periódica el Ayuntamiento de Yaiza. La Fiscalía le pide seis años de prisión.