Los tribunales están anulando, con una serie de sentencias en cascada, las cuotas económicas que el Ayuntamiento de La Oliva aprobó, en junio de 2016, con Pedro Amador en la alcaldía, a las centenares de personas y empresas que tienen propiedades en la urbanización Corralejo Playa, la más grande del municipio, con más de 1,2 millones de metros cuadrados de superficie.

En una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), notificada este pasado mes de diciembre, se rechaza el recurso del Ayuntamiento de La Oliva y deja, en la práctica, en nada el acuerdo adoptado por el pleno en 2016, cuando aprobó un proyecto de reparcelación económica de Corralejo Playa, con la intención de que quien tuviese propiedades volviese a pagar unas cuotas por los supuestos gastos de urbanización efectuados.

El detonante fue la condena a la entidad Urbanizadora Corralejo Playa, de la que forma parte el Ayuntamiento de La Oliva, a pagar 4,2 millones de euros más intereses a la unión de empresas compuesta por Dragados y Cororasa, por unas obras que no se abonaron.

Tras la aprobación de las nuevas cuotas económicas para los dueños de cerca de 900 propiedades en Corralejo Playa, se interpusieron una batería de impugnaciones. En la citada sentencia del TSJC se falla a favor de una de las empresas propietarias, Cinur, que alegó que el Ayuntamiento ni siquiera había valorado sus alegaciones.

El tribunal se muestra especialmente crítico con “la palmaria falta de diligencia” del Consistorio, que reconoció la “deficiencia” de no haber enviado el expediente completo al Juzgado y que solo lo hizo después de la primera sentencia.

“Pero aún hay más”, añade el tribunal. “Esta errática -por llamarla de alguna manera- conducta” del Ayuntamiento “tiene su remate” cuando “vuelve a reconocer expresamente que, por otro error administrativo, todavía faltan más documentos”.

En otra sentencia reciente, del pasado mes de noviembre, el Juzgado de lo contencioso número uno da la razón a un particular que impugnó una cuota de 3.329 euros que le giró el Ayuntamiento y que se anula.

El Juzgado resalta que hay “varios informes elaborados por técnicos” del propio Ayuntamiento que “reconocen que, en la determinación de las cuotas urbanísticas, se han producido graves irregularidades”, entre ellos un dictamen “desfavorable” de Secretaría y otro de Tesorería.

De hecho, el Ayuntamiento inició en mayo pasado, con Isaí Blanco en la alcaldía, la revisión de oficio de las cuotas económicas en Corralejo Playa por haberse tramitado “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, indica la sentencia.

En otra resolución del mismo Juzgado, que fue el que condenó Urbanizadora Corralejo Playa al millonario pago a las constructoras en 2013, se deja claro que, “en ningún momento”, se declaró la nulidad de los acuerdos previos de La Oliva, de 2009 y 2012, en los que, entre otros aspectos, se concluyó que una “nueva reparcelación” económica para afrontar las cargas de la urbanización “era innecesaria”.

En los procedimientos judiciales de particulares y empresas contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento para girar las nuevas cuotas a los propietarios de Corralejo Playa se están personando las constructoras Cororasa y Dragados.

Fuentes municipales aseguran que la reclamación económica de las empresas se eleva ya a cerca de 10 millones de euros. Si bien la condena fue a la Urbanizadora, que tiene participación pública y privada, los tribunales han entendido que aunque la deuda no sea del Ayuntamiento, es el que debe poner los medios para que se termine pagando.

Anticorrupción investiga múltiples irregularidades

La Fiscalía Anticorrupción investiga las múltiples irregularidades detectadas en la gestión de la urbanización Corralejo Playa por una auditoría encargada por el Ayuntamiento de La Oliva.

Las fuentes consultadas explican que efectivos de Policía Judicial se personaron en dependencias municipales para recabar documentación y también contactaron con el exalcalde Pedro Amador, que fue gerente de la entidad Urbanizadora Corralejo Playa antes de su entrada en política.

En la auditoría se apunta a “actuaciones que pudieran calificarse de administración desleal, usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias o malversación”.

Procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas también investiga la gestión económica de la Urbanizadora Corralejo Playa. Así, acordó el pasado mes de mayo el nombramiento de un delegado instructor que analizase los números de la entidad.

En el auto, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se indica que “los hechos” que han dado lugar a la instrucción del procedimiento “pudieran ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance”.

De esta forma, “se procederá a la investigación de los hechos y a su provisional individualización, determinando si los mismos pueden ser o no generadores de responsabilidad contable”, señala el Tribunal de Cuentas.