El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, se ha acogido a su derecho a no declarar durante el juicio de Stratvs. Cuando le ha tocado el turno de declarar se ha dirigido al tribunal y ha dicho que no sabe ni de qué se le acusa.

“No tengo ningún documento de la acusación”, ha dicho. “Imagino que será por la licencia de obras”. Ha alegado que como no es ni técnico ni jurista deja “en manos de sus señorías la decisión que se tome”.

El presidente del tribunal, Emilio Moya, ha decidido que se le lea la parte del escrito de acusación que le afecta para que sepa de qué se le acusa y no alegue indefensión. “Solo se me ha notificado que venga aquí”, ha señalado. Moya ha dudado de esa versión y le ha recordado que ya se han visto en varias ocasiones en las mismas circunstancias y que “a lo largo de todos estos años, algo le habrá llegado”.

Reyes ha acudido al juicio con una abogada de oficio, que fue nombrada para su defensa el pasado 19 de diciembre después de que renunciase otro letrado que estaba asignado al caso. A Reyes se le acusa de haber concedido la licencia pesar de que existía un informe negativo de Secretaría y de conceder la prórroga sin informe jurídico previo. La Fiscalía pide para él siete años de cárcel. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo la condena por el caso Yate.

José Antonio Rodríguez.

El ex teniente de alcalde y ex concejal de urbanismo, José Antonio Rodríguez, tampoco ha contestado a las preguntas de la Fiscalía ni de la acusación popular. Su participación en el caso tiene que ver con la prórroga de la licencia y la transmisión de la misma a Juan Francisco Rosa, en 2005.

Rodríguez dijo que, como alcalde accidental, no dio la prórroga, que ya estaba dada, sino que su decreto subsanaba un error y es que en el decreto anterior se había omitido la palabra “bodega” en la autorización y solo se había señalado que era un permiso para un almacén. Afirmó que no tenía ninguna relación con Juan Francisco Rosa.

Pablo Carrasco.

Por su parte, Pablo Carrasco, aparejador municipal, inhabilitado por sentencia firme desde 2013, comenzó explicando que en la Oficina técnica se hacían “informes tipo” con una ficha  y que él se encargaba de comprobar si el proyecto cumplía con el Plan General de Yaiza.

Carrasco dijo que para su informe revisó el Plan y que prohibía las industrias vitivinícolas pero no las bodegas y lagares. “Utilizaba los informes tipo que me daba el jefe de la Oficina Técnica”, señaló, en referencia a Alfredo Morales. Tampoco sabe si se hizo acta de replanteo.

Además, dijo que no sabía que el verdadero promotor de la bodega era Rosa y que tampoco recibió una copia del expediente completo. “Reflejo que cumple con el Plan y que tiene autorización del Gobierno canario”.

Alegó que no pasó por ningún examen ni oposición para entrar a trabajar en el Ayuntamiento. “Era un contratado”, insistió. “Siempre creímos que la asesoría jurídica era el secretario y con el paso de los años ha pasado lo que ha pasado”, refiriéndose a que el exsecretario Vicente Bartolomé Fuentes se encuentra en prisión.