En enero llegaron a Fuerteventura 257 personas a bordo de seis pateras, 90 de ellas el mismo día. La Guardia Civil ha constatado que “muchas de las rutas de emigración se están desviando a Canarias”.  Al comenzar febrero, en la Isla estaban acogidas 410 personas, que han llegado en los últimos meses, además de 92 menores extranjeros no acompañados, bajo tutela de la administración. La recuperación de Canarias como puerta de entrada a Europa ha puesto al descubierto la falta de previsión y de medios para atender a las personas que llegan.

La intención del Ministerio del Interior de reabrir el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de El Matorral ha vuelto a poner la sospecha sobre la idoneidad de estos espacios,  acusados de privar de libertad y de vulnerar los derechos de los migrantes. Organizaciones y plataformas contrarias a los CIE, partidos políticos y expertos en migración plantean otras soluciones y recuerdan que las personas migrantes no han cometido un delito para ser internadas en un régimen “carcelario”.

En Canarias se encuentran tres de los ocho CIE que hay en España: el de Hoya Fría, en Tenerife, el de Barranco Seco, en Gran Canaria, y el de El Matorral, en Fuerteventura, cerrado desde el verano de 2018 después de permanecer seis años vacío. La Plataforma Canarias Libre de CIE lleva años luchando para intentar borrar estos centros del Archipiélago y evitar que no se apliquen como respuesta de acogida ante los flujos migratorios.

Lala el Mami Omar es abogada y miembro de Canarias Libre de CIE, plataforma que ya ha mostrado su descontento por la intención del ministro Fernando Grande-Marlaska de reabrir el CIE de El Matorral, un antiguo cuartel militar sobre el que pesa un largo historial de vulneración de derechos durante la anterior etapa de llegada de pateras y cayucos a la Isla. “Estoy en contra de la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros porque creo en los espacios de acogida y en la posibilidad de que todas las personas emigren libremente”, afirma de forma rotunda la activista.

El CIE de El Matorral sumó denuncias de las ONG y portadas en periódicos desde su apertura en 2002.  En 2015, las clínicas jurídicas de las Universidades de Barcelona, Comillas y Valladolid, por encargo de la ONG Pueblos Unidos, realizaron un análisis de las condiciones en las que se encontraban los internos en los CIE españoles. En el caso del de Fuerteventura, el estudio apuntaba que las celdas eran “de tipo cárcel” y con un baño en un estado de “insalubridad alarmante”.

Desde Jueces para la Democracia plantean alternativas que van desde pisos tutelados con las suficientes garantías de localización a permisos de residencia provisional o la retención del pasaporte con la obligación de presentarse en comisaría

En 2018, Grande-Marlaska anunció el cierre del CIE, considerado uno de los mayores de España, después de llevar seis años inoperativo y tras descubrirse cómo, a pesar de estar vacío, el Estado pagó al menos cuatro millones de euros en servicios de limpieza, alimentación o atención médica, tal y como público Diario de Fuerteventura. Tras el repunte de pateras en 2019, el Gobierno central se ha mostrado partidario de realizar unas obras de mejora en sus instalaciones y reabrirlo.

Para Lala el Mami Omar, el Ministerio del Interior ha buscado una solución de parcheo con la intención de “tapar una realidad que nos está tocando y más en Canarias”. Por el contrario, la jurista aboga por centros de acogida y espacios donde las personas puedan “circular libremente, desarrollarse y cubrir todas sus necesidades” y añade que “los CIE son espacios que se han creado con el único fin de poder devolver a estas personas a sus países al desconocerse quiénes son, ya que vienen sin ningún tipo de documentación”. Además, apunta cómo “la Policía los tiene que meter en los CIE para poder ejecutar la devolución, pero estos centros privan de libertad y, aunque suponen una medida cautelar, es la más grave en vía administrativa”. Insiste en que estas personas “no han cometido un hecho delictivo, lo único que han hecho es una falta administrativa”.

Lala explica que muchas de las personas que están llegando a las costas de Canarias en patera tienen arraigo en España, familiares dispuestos a acogerlos mientras se tramita la devolución. Se evitaría así el paso por unos centros que muchos definen como peores que las prisiones y donde pueden permanecer internos hasta 60 días, como recoge la Ley de Extranjería. Esta abogada presta asesoramiento a los internos en los CIE canarios y asegura que “sorprendería” saber la cantidad de personas que “tienen aquí una red familiar muy grande con hermanos, primos o tíos, dispuestos a ayudarles”. “Me envían un montón de documentación, pero con la que no podemos hacer nada, porque ya el juez ha decretado su internamiento”, añade. “Los jueces están tomando esas medidas porque la Policía lo solicita conforme a la legislación”.

Problemas de visado

El discurso político insiste en que estas personas no pueden seguir arriesgando su vida en el mar y les piden que si quieren entrar en territorio español lo hagan con visado. La citada jurista deja claro que ninguno de los chicos con los que trata en los CIE se opone a esa posibilidad. Sin embargo, no es nada fácil conseguirlo. Lala cuenta cómo el consulado español en Agadir tiene cedidas las solicitudes de visado a una empresa marroquí. “Un visado puede costar ahora mismo 6.000 euros, que es mucho para persona que no tiene dinero y, ante esa situación, o piden un visado y se pasan años sin saber si se lo van a conceder, o invierten 1.000 euros en venir en una patera donde se juegan la vida”, apunta. Al final, van a la solución más rápida, la que termina con la vida de las personas.

La asociación progresista Jueces para la Democracia también está en contra de la reapertura del CIE en Fuerteventura. Su coordinador en Canarias, el magistrado Mariano López Molina, coincide con la abogada en que la decisión del Gobierno central es “un parche”, a raíz del incremento de la llegada de pateras. Al final, la respuesta ha sido “acudir a lo más rápido, aunque no sea lo más respetuoso con los derechos fundamentales”. Mariano López Molina recuerda que estos establecimientos, a pesar de lo que digan, “muchas veces no son adecuados” y enumera una serie de vulneraciones y de privaciones de derechos en su interior, como prohibir el uso de teléfono móvil, restringir las llamadas telefónicas y las visitas, dar un trato discriminatorio a las mujeres, falta de atención individualizada e, incluso, no informar sobre las peticiones de protección internacionales.

Los CIE “están funcionando casi como penitenciarías para una gente que no ha cometido ningún delito, sino una irregularidad administrativa y, sin embargo, lo que se hace es ponerlos en estos centros donde, en muchas ocasiones, están hacinados y en los que, incluso, para las mujeres víctimas de trata tampoco hay una atención precisa y necesaria”, sostiene López Molina. Además, apunta cómo luego estos centros, muchas veces, no cumplen su función, la de devolver a los migrantes a sus países de origen. Recuerda que en 2016 una estadística apuntaba que “menos del 30 por ciento eran expulsados, mientras que en el 70 por ciento restante de los casos no se producía la expulsión y había que dejarlos en libertad después de haber estado encerrados hasta 60 días”.

“Privación de libertad”

Desde Jueces para la Democracia también plantean alternativas que van desde pisos tutelados con las suficientes garantías de localización, permisos de residencia provisional para “aquellas personas a las que no se les puede expulsar y para evitar dejarlas en un limbo jurídico y expuestos a la explotación de cualquiera sin pagarles nada o una miseria”, apunta el juez, o la retención de pasaporte con la obligación de presentarse de forma periódica en la comisaría.

Además, López Molina recuerda que, para aquellas personas que han llegado de forma irregular y han cometido previamente un delito, como los patrones de las embarcaciones o los que pertenecen a mafias que trafican con migrantes, “ya existen los establecimientos penitenciarios, lo que pasa es que el CIE, tal y como está ideado ahora, es lo mismo que una cárcel”.

Nueva Canarias, socio del PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de Canarias y que apoyó la investidura de Pedro Sánchez, ha sido de los pocos partidos que ha mostrado abiertamente su rechazo a los centros de internamiento de extranjeros, tras conocer la reapertura del de Fuerteventura. Como alternativa, los nacionalistas proponen centros humanitarios donde no se prive de libertad a las personas.

El portavoz parlamentario de NC, Luis Campos, plantea la eliminación de los CIE tal y como están concebidos. “Esto no significa que no tengamos que dar una respuesta a esas personas que llegan a nuestra tierra, pero el enfoque tiene que ser absolutamente humanitario”. Y añade: “Hay un elemento dentro de los CIE que pervierte el sistema humanitario y es la privación de libertad”. Campos defiende que, desde la comunidad autónoma, en colaboración con ayuntamientos y cabildos, se desarrollen unos protocolos de acogida en colaboración con el Estado, “con independencia de que luego se sigan otros protocolos que pueden derivar en la expulsión”.

Espacios alternativos

El parlamentario no cierra las puertas a que sea El Matorral el espacio físico para acoger a los migrantes, pero “con una concepción alejada del ámbito reglamentario que regula los CIE y sin privación de la libertad como ocurre con otros muchos migrantes que han llegado y están alojados en albergues y otros espacios cedidos por cabildos y ayuntamientos”. Además, aboga por la solidaridad de otras comunidades autónomas, sobre todo aquellas que no están recibiendo personas o donde el fenómeno migratorio no es tan potente. “Estas pueden hacer un ejercicio de cooperación y solidaridad con las comunidades que sí tienen más impacto, como Canarias o Andalucía”, plantea.

El periodista Toni Martínez lleva años escribiendo y denunciando la realidad que se esconde tras los muros de los CIE españoles, donde los internos son tratados, a veces, como criminales y los episodios de violencia se suceden. En 2016 publicó el libro CIE, el Guantánamo español, un estudio donde recoge el historial de estos centros, informes que hablan de la vulneración de derechos y el negocio que gira en torno a su gestión. Para este periodista, la intención de reabrir el CIE de El Matorral supone “un paso atrás muy importante”. Con esta propuesta cree que “se manda un mensaje muy pernicioso y se contribuye a la estigmatización de las personas migrantes. No creo, en ningún caso, que la solución para acoger a los migrantes sea encerrarlos en una prisión mientras esperan ser deportados a su país de origen”.

A la hora de plantear alternativas, Martínez apuesta por trabajar más desde lo social que desde lo penal o carcelario. “Se debe estudiar caso a caso, entender las situaciones personales. Nadie huye de su país, de su entorno, abandona a familia y amigos porque sí. Muchas veces se nos olvida que hablamos de personas, cada una con una historia personal y el CIE las deshumaniza, las convierte en simples números y, a partir de ahí, se puede hacer lo que quieras con ellos”. Un episodio del libro lo dedica a Samba Martine, una joven de 34 años de República Democrática del Congo, seropositiva, que murió en el CIE de Aluche, en Madrid, sin haber recibido la asistencia sanitaria requerida. El actor Juan Diego Botto acabó llevando la historia de Samba al teatro.

Los propios internos dicen que el CIE es peor que una cárcel y “algo de razón tienen”, manifiesta Martínez. Por ejemplo, las celdas suelen ser de ocho personas, no tienen mesa en la celda, ni urinarios, ni gimnasio, bibliotecas u otras cosas que sí hay en la cárcel.  Además, los CIE son recintos policiales, donde no hay funcionarios de prisiones, sino “policías, que van armados y que generan muchas tensiones que aumentan por el hecho de que la persona que está encerrada no sabe por qué está ahí, ni cuánto tiempo va a estar, ni qué va a ser de su vida y esa incertidumbre es muy dura y produce mucho dolor”, asegura el periodista. También son los CIE un disparadero de odio. Iriome Rodríguez, técnico de Médicos del Mundo y miembro de la Plataforma Canarias Libre de CIE, apuntaba recientemente cómo estos centros “no ayudan a combatir los discursos de odio”. Coincide con él Toni Martínez, quien cree que tampoco favorece el papel que hace la propia prensa diferenciando entre refugiado y migrante. “De nada sirve que nos emocionemos al ver las imágenes de personas muriendo en el Mediterráneo si luego no nos preocupamos o rechazamos a las que viven con nosotros y que son rechazadas por el color de su piel o por su lugar de origen”, concluye.