El Juzgado número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado la apertura de juicio contra los quince directivos de los socios privados de Emalsa a los que la Fiscalía acusa de apropiación indebida o administración desleal y ha exigido a trece de ellos una fianza de 25 millones de euros.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas acusa a esos 15 directivos de las empresas Saur, Valoriza y Satocan de haber ocasionado un quebranto de 23,4 millones de euros a la sociedad de aguas de la capital grancanaria, a través de una serie de contratos que considera adjudicados por un precio superior al real.

La acusación pública cuestiona 18 contratos de mantenimiento suscritos por Emalsa entre 2008 y 2012 con Sercanarias, empresa vinculada a sus socios privados, Saur y Valoriza, a precios que considera por encima del mercado y lesivos para Emalsa.

La Fiscalía no solo pone en tela de juicio la cuantía que Emalsa pagó por esos trabajos a Sercanarias, sino también el método utilizado para adjudicárselos a esa empresa, que considera contrario a la normativa por la que se rige la contratación de la sociedad mixta de aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Según la tesis de la fiscal, Saur y Valoriza se habrían prevalido de su mayoría accionarial en Emalsa (suman el 66 %, frente al 34 % que posee el Consistorio) para desviar la facturación de esos servicios entre 2008 y 2012 a una empresa de su propiedad, Sercanarias, a unos precios beneficiosos para sus intereses, pero que resultaron perjudiciales para la sociedad municipal.

En la causa están personados como acusaciones el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la asociación El Sol Sale para Todos.

La Fiscalía pide penas de cuatro a seis años de cárcel y multas de hasta 46 millones de euros para trece de ellos en función de si los hechos se califican como apropiación indebida o administración desleal: Gerard Jean Fernand Thierry, José Manuel Calderero, Guy Christian Founier, Jesús Ángel Blanco García, Rafael González Bravo de Laguna, Laura Rivero Padrón, Pablo Abril Martorell Hernández, Oliver Brousse, Jose Luis Pérez Talavera, Pierre José Claude Pans, Alfonso Ignacio López Díaz de Durana, uan Miguel Sanjuán Jover y José Luis Rubio Díaz de Tudanca

Y para Pedro José Higueras Dávila y José Luis Artiles Moragas demanda dos años y nueve meses de cárcel y multas de hasta 46 millones de euros, como cooperadores necesarios de una apropiación indebida o de un delito de administración desleal.

En el auto hecho público este lunes, que ha adelantado Canariasahora.com, el juez exige a los trece primeros que presten una fianza de 25,33 millones de euros para asegurar responsabilidades civiles, para lo que les da un plazo de 24 horas, con el apercibimiento de embargo de sus bienes.

A Higueras Dávila y Artiles Moragas, les reclama una fianza con la misma finalidad de 2,26 millones, también con apercibimiento de embargo.

El auto de apertura de juicio, contra el que no cabe recurso, señala como órgano competente para enjuiciar los hechos a la Audiencia Provincial de Las Palmas.