El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado este miércoles en el Parlamento de Canarias la puesta en marcha de un nuevo programa de Bolsa de Vivienda Vacía al que la Consejería destinará cuatro millones de euros para sacar este mismo año al mercado de alquiler, y a precios asequibles, más de 400 pisos de particulares que se encuentran vacíos en el Archipiélago. 

"El objetivo del programa de viviendas vacías de propiedad privada es conseguir que los inmuebles desocupados se destinen al alquiler a precio reducido a cambio de una serie de incentivos", aseguró Franquis.

 Según subrayó el consejero, "el acceso a la vivienda es un problema histórico en Canarias, por eso para este Gobierno garantizar este derecho es una prioridad con mayúsculas y aparece en la agenda política, económica y social de este Ejecutivo".

El consejero recordó que en Canarias no se construye vivienda pública desde 2009 y que hay más de 17.000 solicitantes de viviendas, por eso anunció que, además de iniciar la construcción de 2.000 nuevas viviendas públicas en esta legislatura, se busca sacar al mercado parte de las más de 138.000 viviendas vacías que según el ISTAC se reparten por todas las islas.

"El proyecto de la Bolsa de Vivienda forma parte del Pacto Social y Político por el acceso a una vivienda Digna en Canarias, documento con el que pretendemos lograr un acuerdo que nos permita desarrollar una estrategia común en materia de vivienda, y que está enfocado a resolver el problema al que se enfrentan miles de ciudadanos cada día con una política integral en este sentido que sea sistemática, coherente y sostenible", señaló.

Para activar esta Bolsa de Vivienda Vacía, se dota al programa de cuatro millones de euros que serán gestionados a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICV) para aflorar esas viviendas de particulares que ahora mismo permanecen vacías.

El programa de Vivienda Vacía destina dos de estos millones a abonar incentivos a los propietarios para que saquen al mercado sus casas, y otros dos millones de euros a pagar las rehabilitaciones (con un tope de 4.000 euros por propiedad) de esas viviendas vacías que estén en mal estado.

Entre los incentivos que contempla esta Bolsa de Vivienda se incluye una ayuda de 3.000 euros al propietario por cederla al programa durante cinco años. Además se ofrecen una serie de garantías que cubriría el ICV tales como una garantía de cobro de rentas, la contratación de un seguro multirriesgo de hogar, garantía de devolución de la vivienda en el mismo estado de conservación, tramitación del Certificado de Eficiencia Energética (a voluntad del propietario), tramitación de la fianza, asesoría jurídica y contratación de un seguro de impagos de alquiler.

"El objetivo del gobierno en el primer año de la puesta en marcha del programa es incorporar 400 viviendas privadas en el mercado destinadas a ciudadanos que no pueden acceder a los actuales precios de alquiler en el mercado libre", explicó Franquis.

"Es una iniciativa que ya se ha probado con éxito en otras comunidades autónomas y que queremos probar también en Canarias para dar mayores oportunidades a las familias a acceder a una vivienda digna y a un precio asequible", añadió.

El consejero recordó que se buscará también la complicidad de los ayuntamientos a través de convenios en los que los mismos podrán participar ofreciendo información de la bolsa a sus vecinos, mediante partidas económicas o con recursos habitacionales.

También indicó Franquis que esta será una bolsa mixta compuesta de viviendas públicas y privadas ya que la misma se nutrirá además con las casas que va a adquirir la empresa pública Visocan a grandes propietarios para ponerlas a disposición de las familias sin recursos, para lo que cuenta con una partida de 4,5 millones de euros.