La turistificación de Corralejo llega hasta la orilla de la playa, donde se multiplican las sombrillas, mesas y sillas, sin ningún tipo de autorización. La Demarcación de Costas de Canarias ha sancionado al presidente de la patronal turística Asofuer, Antonio Hormiga, por ocupar de forma “ilegal” la playa de La Goleta, en Corralejo. Además, la Fiscalía considera que incurrió en un presunto delito de desobediencia y acordó tramitar una denuncia en el Juzgado.

Las irregularidades en la zona de dominio público marítimo terrestre no son nuevas y persisten hasta la actualidad. Costas abrió a Hormiga un expediente sancionador, en el que dictó una resolución en la que concluía que el empresario estaba desarrollando la actividad de restauración, con el bar Galera Beach, sirviendo comidas y bebidas “sobre la arena de la playa”.

La sanción de Costas es clara: ordena al presidente de la patronal turística “la retirada de la arena de la playa de 100 sillas, 35 mesas y 24 sombrillas”, además de restituir los terrenos del dominio público ocupados en su estado primitivo y pagar una sanción de 4.600 euros.

Sin embargo, Hormiga no la acató. Primero recurrió ante Costas, que desestimó su petición, y más tarde se dirigió a los tribunales. En junio del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó la solicitud del empresario de que se dictasen unas medidas cautelares mientras se resolvía el procedimiento judicial.

Antes, en el mes de abril, la Demarcación de Costas concedió a Hormiga un plazo de cuatro días, que incumplió, para que retirase de forma voluntaria de la playa las sillas, mesas y sombrillas, y que procediese a la “reposición de la realidad alterada a su estado original”.

Ante el incumplimiento por parte del presidente de la patronal turística de la sanción, el pasado 20 de junio el personal de la Demarcación de Costas precintó el mobiliario que se encontraba en ese momento en la playa, como “grandes sombrillas ancladas con obra a la arena”.

Los funcionarios levantaron acta del precinto y la acompañaron de un reportaje fotográfico. El precinto duró poco. Según denunció la Demarcación de Costas en la Fiscalía, al día siguiente de haber sido colocado, el servicio de vigilancia “comprobó que las sombrillas fijas con precintos y las cintas colocadas entre ellas habían sido retiradas por Antonio Hormiga Alonso o por personal a sus órdenes”.

¿Qué se encontraron los vigilantes de Costas? Que se habían colado “de nuevo” en la playa mesas, sillas y sombrillas, “de distinto modelo” aunque “en número similar a las del expediente sancionador”.

Solo un día después del precinto se había reanudado “en plena playa” la actividad de restauración en dominio público marítimo terrestre. Los vigilantes de Costas regresaron seis días después y constataron que se continuaba ocupando la playa, incluso con “aumento del mobiliario” de mesas, sillas y sombrillas.

En julio, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica remitió una denuncia a la Fiscalía por el desarrollo de la actividad de restauración en la playa de La Goleta de Corralejo, por parte de Antonio Hormiga, “sin título alguno de ocupación del dominio público marítimo terrestre”.

Denuncia al Juzgado

Para la Fiscalía, es una “evidencia la ocupación del dominio público” sin autorización, “concretamente la arena de la playa” para una cafetería, con “mesas colocadas ilegalmente”. El Ministerio Fiscal recalca que Costas puede solicitar la colaboración de la “fuerza pública” para paralizar o suspender la actividad irregular.

Además, la Fiscalía considera que “la retirada del precinto oficial de las instalaciones y la nueva colocación de sillas, mesas y sombrillas”, en junio pasado, “y la continuidad del ejercicio de la actividad, pese a la orden de retirada acordada por resolución de la Demarcación de Costas de Canarias”, desde noviembre de 2017, “integra un delito de desobediencia”.

Por ello, la Fiscalía ha acordado remitir la denuncia a los Juzgados de Puerto del Rosario “para que se proceda a la incoación del pertinente procedimiento penal”. El delito de desobediencia, por desobedecer “gravemente” a la autoridad, está castigado con pena de prisión de tres meses a un año y multa.

El Ministerio Fiscal interpretó, por otro lado, que la colocación de las mesas y sillas en la playa, aunque fuese “ilegalmente”, no supondría un delito medioambiental, como se valoró, en principio, desde Costas.