La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha realizado 27.000 pruebas PCR para la detección del Covid-19 y ha gastado seis millones de euros en material de protección sanitaria, del que hay suficiente para ocho semanas e, incluso, para 18 semanas en el caso de las mascarillas.

El consejero de Sanidad canario, Julio Pérez (PSOE), ha dado esta información en una comparecencia telemática ante la Diputación Permanente del Parlamento canario, en donde ha anunciado que el periodo de "desescalada" de las medidas de confinamiento por el Covid-19 puede hacerse de un modo "menos tenso, más relajado" en el archipiélago, dada su condición insular y el menor impacto de la enfermedad.

Pérez ha subrayado que en la gestión de esta crisis, una situación "imprevista", hay que ser humilde para reconocer errores y esforzarse en la transparencia.

El Gobierno de Canarias ha destinado todos sus medios a hacer frente a esta emergencia sanitaria, en la que el archipiélago fue la comunidad donde se dio el primer caso de España (en La Gomera) pero que ha pasado a ser el territorio con menor impacto, ha subrayado.

El consejero ha comentado que una de sus conclusiones sobre esta crisis sanitaria es que "se refuerza la idea de que el sistema sanitario debe contar con un mando único" y en la necesidad de "mejorar la coordinación".

Ha señalado que es tiempo de una preparación ordenada para la fase de desescalada, la cual "será mucho más compleja que la situación actual" y requerirá de muchos esfuerzos epidemiológicos y asistenciales.

Julio Pérez ha indicado que en la gestión de la crisis ha habido errores y desaciertos en el mundo, en España y en Canarias, pero "muchos han sido corregidos".

"Es imposible no incurrir en errores cuando cada paso conduce a una encrucijada nueva", ha alegado, antes de pedir a la oposición que ayude al Gobierno a percibir los desaciertos y a mantener la senda correcta cuando se hagan bien las cosas.

En cuanto a la demanda de los portavoces parlamentarios para que se generalicen los test a la población, ha advertido de que los llamados test rápidos no proporcionan información directa y fiable sobre la presencia del virus, sino de los anticuerpos, así que se usan como un complemento a las pruebas PCR, de las que se llevan hechas 27.000.

Además, ha sostenido que "nadie ha dicho que Canarias pueda ser un laboratorio para la desescalada", sino que el presidente regional, Ángel Víctor Torres, mencionó que en las islas "la recuperación turística podría ensayarse de manera diferente".

El diputado de CC-PNC José Alberto Díaz-Estébanez ha reiterado la lealtad de su grupo al Gobierno de Canarias, pero no el "silencio cómplice", y ha considerado que la mayoría de decisiones han sido acertadas, pero se han producido a destiempo, lo que les ha restado eficacia.

Así ocurrió en el relevo al frente de la Consejería de Sanidad, "adecuado pero tarde", y lo mismo ha ocurrido con la llegada de material de protección o el control de las residencias de mayores, desde el punto de vista del parlamentario nacionalista.

Díaz-Estébanez también ha exigido firmeza frente al Estado, para que la menor incidencia de la enfermedad no suponga estar en la cola a la hora de las ayudas.

Miguel Ángel Ponce, del PP, ha pedido colocar las banderas a media asta en homenaje a los fallecidos, más autocrítica al Gobierno y que no se acometa la desescalada sin medios de protección y pruebas a la población para conocer la incidencia de la enfermedad.

Ha reprochado al Gobierno de Canarias de haber perdido "un tiempo precioso" cuando en las islas se produjeron los primeros casos de España.

En lugar de utilizar eso para poner en marcha un plan preventivo, ha opinado Ponce, el Gobierno se limitó a presumir de lo bien que resolvió el caso del turista alemán de La Gomera o el aislamiento del hotel del sur de Tenerife y mantuvo sin restricciones todos los actos multitudinarios.

Esther González, de Nueva Canarias, ha admitido que ha habido decisiones equivocadas, como la del Ministerio de Sanidad de centralizar las compras de material, pero también ha denunciado que el mayor error fue mantener a la sanidad canaria infrafinanciada durante lustros.

María del Río, de Sí Podemos, ha afirmado que ningún gobierno estaba preparado para asumir esta pandemia, que pone de manifiesto la importancia de un sistema sanitario público, universal y gratuito, bien financiado y no debilitado por los recortes como ha ocurrido

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha considerado que durante el confinamiento no se puede bajar la guardia y que la clave está en que haya tests para poder realizar la fase de desescalada en función de la situación de cada isla.

La portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, ha rechazado que no fuera posible haberse anticipado a la pandemia y ha denunciado la desatención de los trabajadores sanitarios, a la vez que se ha opuesto a que Canarias se convierta en un laboratorio de desconfinamiento o que este se realice sin contar con material de protección y pruebas masivas para la población.

Marcos Hernández, del PSOE, ha dicho que Canarias ya está entrando en fase de desecalada, pero también ha apelado a la prudencia para no dar un paso en falso.