La Guardia Civil del Puesto Principal de Mogán ha detenido a dos personas de 41 y 31 años por proferir amenazas de muerte con un martillo y con un rastrillo metálico a varios agentes cuando iban a ser identificados por incumplir el confinamiento.

Asimismo, ha denunciado administrativamente a una tercera persona según lo establecido en la Ley de Seguridad Ciudadana por incumplir las limitaciones dictadas en el Real Decreto que regula el Estado de Alarma.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, sobre las 18.30 horas, en la calle Las Burrillas, cuando agentes de la Guardia Civil observaron a un grupo de cuatro personas hablando en la vía pública.

Los agentes se acercaron para conocer el motivo de que estuvieran en la calle y procedieron a la identificación de tres de ellos al comprobar que estaban allí sin motivo alguno, lo que constituía una infracción administrativa a la Ley de Seguridad Ciudadana. Verificaron, además, que la cuarta persona del grupo se desplazaba con un ciclomotor a realizar una actividad permitida por el Real Decreto.

Fue en este momento cuando uno de los ya detenidos reaccionó de forma violenta contra los agentes, negándose a identificarse y dirigiéndose a su casa a escasos metros del lugar con el objetivo de refugiarse dentro y haciendo caso omiso a todas las indicaciones realizadas por los guardias civiles.

Tras entrar en su vivienda, se apoderó de un martillo con el que profirió amenazas de muerte a los agentes, haciendo el ademán de golpearles.

Con el objetivo de evitar la detención, otro miembro del grupo se interpuso con un rastrillo de hierro con la finalidad de intentar intimidar y alejar a los guardias civiles de su amigo. Ante la insistencia de los agentes, éste huyó del lugar corriendo mientras su amigo era detenido inmediatamente por un delito de desobediencia grave y atentado a los agentes de la autoridad, previsto en el artículo 556.1 del Código Penal.

Dos horas después se detuvo a la persona que había salido huyendo del lugar, al presentarse voluntariamente en dependencias de la Guardia Civil de Puerto Rico.

Con respecto a este hecho delictivo el Código Penal establece que serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por otro lado, una tercera persona del grupo fue denunciada administrativamente en base al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que ha sido remitida a la autoridad competente encargada de la correspondiente apertura del expediente administrativo sancionador, en este caso la Delegación del Gobierno en Canarias

Los dos detenidos, en unión de las diligencias practicadas, han sido puestos a disposición judicial del correspondiente juzgado en funciones de guardia de los de San Bartolomé de Tirajana.