La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 17 de abril 27.177 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 199.401 trabajadores afectados, un volumen de expedientes que "demuestra la efectividad" de esta medida, puesta en marcha por el Gobierno de España para proteger el empleo y a las empresas, garantizando además las prestaciones para las personas trabajadoras durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. En este sentido, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, insistió en que ahora es necesario prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor en el sector turístico más allá de la declaración del estado de alarma y consideró imprescindible la elaboración de un plan de choque específico para las Islas. "Hablamos de un sector que supone el 35 por ciento del PIB y el 40 por ciento del empleo en el Archipiélago", recordó Máñez, que consideró que el turismo "no se va a recuperar de un día para otro" y necesitará "medidas de acompañamiento específicas para su reactivación".

La consejera señaló que Canarias, la única región ultraperiférica española, "tiene unas singularidades que requieren también de medidas singulares". Así, subrayó que los ingresos por el IGIC han caído en marzo un 66 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, y para 2020 está prevista una disminución del 69,7 por ciento de la recaudación por toda la fiscalidad autonómica, con un descenso en 667 millones de euros. En este contexto, Máñez consideró que el hecho diferencial del Archipiélago "debe ser atendido para garantizar nuestra suficiencia financiera, imposible si no se nos permite el endeudamiento", por lo que reclamó "un compromiso claro, solidario y contundente de la Unión Europea a favor de la liquidez de los Estados que la integran".

ERTE vinculados al turismo

El 45,4 por ciento de los ERTE por causa de fuerza mayor registrados hasta el 17 de abril está vinculado de manera directa al sector turístico, con 12.359 expedientes presentados que afectan a un total de 113.795 personas trabajadoras, el 57 por ciento del total de las afectadas. Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 31,65 por ciento y el 25,82 por ciento del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,73 por ciento); transporte y almacenamiento (6,99 por ciento); actividades administrativas y servicios auxiliares (4,16 por ciento); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (3,98 por ciento); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,95 por ciento); construcción (3,73 por ciento); industria manufacturera (3,3 por ciento) y educación (3,15 por ciento). Por sectores económicos, los de hostelería (31,7 por ciento), comercio (25,8 por ciento) y resto de servicios (35 por ciento) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

La mayoría de solicitudes (98,2 por ciento) corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 26.346 expedientes. Solo las de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 20.201 solicitudes, el 75,28 por ciento del total. En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 45,03 por ciento de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 37,94 por ciento personas físicas; un 6,2 por ciento empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,56 por ciento personas físicas extranjeras residentes y un 2,46 por ciento sociedades anónimas.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.