La consejera canaria de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha dicho este martes ante el Parlamento regional que el ejecutivo ha puesto en marcha medidas para conseguir "un escudo social" y adelantarse a las graves consecuencias sociales que conlleva la crisis sanitaria del Covid-19.

El ingreso canario de emergencia para 38.000 familias sin ingresos que se abonará en junio, las ayudas alimentarias a 10.000 familias con niños de comedor de cuota cero, la ampliación de la prestación canaria de inserción (PCI) en 7.000 beneficiarios y exenciones o ayudas al alquiler son algunas de las medidas que destacó.

Santana, que compareció por vía telemática ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, explicó que sus actuaciones se han centrado en atender a la población más vulnerable, como los mayores, las personas sin ingresos, los niños y las víctimas de violencia y maltrato ante las consecuencias sociales de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.

"Son medidas transversales e integrales con el objetivo de no dejar a nadie atrás y construir un escudo social canario", afirmó la consejera, y subrayó que hay muchas diferencias con la crisis de 2008: "ahora se intenta proteger a la mayoría ciudadana cuando entonces se protegió a los privilegiados".

Noemí Santana indicó que los centros de mayores han sido una de las prioridades y destacó que la Comunidad Autónoma es de las que primero cerró los centros de día y las visitas, así como la que menos fallecimientos ha registrado en las residencias, once.

Canarias es además la única comunidad que está realizando pruebas diagnósticas a todos los mayores de residencias y sus trabajadores, que ya han concluido en las islas periféricas y en gran parte de Tenerife y Gran Canaria, destacó.

Señaló que la puesta en marcha de la aplicación Covida ha permitido que mil voluntarios ayuden a 1.200 mayores en su confinamiento.

La consejera admitió la falta de material de protección en las residencias, aunque señaló que desde la Consejería se coordinaron acciones solidarias surgidas desde la sociedad civil para generar material propio que se han distribuido entre organizaciones del tercer sector y residencias.

En cuanto a los niños, destacó la buena coordinación con la Consejería de Educación para conseguir hacer llegar menús sanos y saludables a los niños de más de 10.000 familias de cuota cero en los comedores escolares.

Santana explicó que se ha renovado la prestación canaria de inserción a 1.200 familias hasta conseguir 5.000 beneficiarios en marzo y 6.400 en lo que ha transcurrido de abril, que podrían ampliarse hasta 7.000 a finales de mes.

Anunció que el Estado destinará 14 millones de euros a Canarias para luchar contra la pobreza y mostró su satisfacción por la iniciativa Mascarilla 19, para que las mujeres confinadas víctimas de violencia machista puedan denunciar su situación a través de las oficinas de farmacia.

La consejera anunció que se van a inyectar nuevos fondos a los ayuntamientos para la atención domiciliaria

La diputada de CC-PNC Cristina Valido reprochó a la consejera su "ausencia" durante los primeros quince días de alarma, la falta de coordinación con cabildos y ayuntamientos y la tardanza en realizar pruebas en las residencias de mayores en donde la escasa incidencia se debe a sus trabajadores, no al Gobierno de Canarias, sostuvo.

Señaló que el ingreso de emergencia para personas sin ingresos no es ninguna novedad, ya las daban los ayuntamientos, y a ellos es a quienes debe dotarse para aplicarlas, defendió Valido, y demandó la extensión de la PCI.

El diputado del PP Poli Suárez acusó a la consejera de "falta de liderazgo para dar respuesta a los canarios más vulnerables" y pidió más ayudas alimentarias para las familias con niños.

También demandó que los fondos del ingreso canario de inserción se transfieran a los ayuntamientos, que son las instituciones que de verdad saben cuáles son las familias sin ingresos y los que tienen capacidad para tramitar con agilidad los expedientes.

La portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, quien pidió que se declare al menos un día de luto oficial por los fallecidos, acusó a la consejera de haber estado "ausente" durante esta crisis y de no haberse coordinado con cabildos, ayuntamientos ni tercer sector, y subrayó que la mejor medida para salvarse de la "catástrofe social" es mantener los empleos.

David Godoy, del PSOE, dijo que la crisis ha acrecentado las desigualdades y ha hecho más dependientes a los mayores, pero "por suerte y porque los ciudadanos lo han querido" en España y en Canarias hay dos gobiernos decididos a luchar contra las consecuencias sociales de la crisis sanitaria para que nadie se quede atrás.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, dijo que ante la crisis y la incertidumbre son las instituciones y los servicios públicos los que deben ayudar y dar confianza a los ciudadanos para salir adelante.

La representante de Sí Podemos María del Río indicó que en el proceso de desconfinamiento se necesita un escudo para afrontar los retos de las crisis social y económica, por lo que animó a la Consejería a mantener este camino.

La diputada de ASG Melodie Mendoza apeló a la unidad y la responsabilidad de todas las instituciones y partidos para no dejar a nadie atrás, dado que si antes de la pandemia el 36 por ciento de la población canaria estaba en riesgo de pobreza, la necesidad va a ser muy superior en adelante.