La Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas rechaza la "imposición de mamparas" de separación entre clientes por afectar a la comodidad y por suponer un coste "inasumible", según ha manifestado este martes en un comunicado.

Esta entidad, junto a la Asociación de Vegueta de Ocio y Restauración plantea una serie de medidas para que este sector pueda afrontar con unas "mínimas garantías" la próxima reapertura de sus negocios, cerrados desde el pasado 14 de marzo, y urgen al Gobierno de Canarias a que cree una mesa sectorial para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19.

El sector advierte de que la continuidad de esta situación, sin la adopción de las necesarias medidas de apoyo a las empresas de restauración, abocará a su cierre y a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, ya que lo constituyen empresas familiares con escasas posibilidades de subsistencia.

Entre las demandas que solicitan al Gobierno figura la "urgente" ampliación de la vigencia de los ERTE, desvinculando la causa de fuerza mayor de la situación de estado de alarma, para que las empresas puedan recuperar progresivamente, en función de sus necesidades, a los trabajadores sujetos a estos expedientes.

El sector reivindica la suspensión del pago de los arrendamientos de los locales y que su recuperación sea progresiva y pactada, así como la suspensión de la cuota de autónomos a la Seguridad Social mientras dure la crisis y que se fije una nueva "progresiva" hasta la recuperación de la actividad.

Al Gobierno central exige también que se creen créditos blandos sin intereses, por considerar insuficiente las medidas de avales que ha establecido.

El sector ha reclamado al Gobierno canario la exención del pago del IGIC desde el momento en que se pueda reanudar la actividad y hasta que las empresas recuperen la normalidad.

En el ámbito de la administración local, solicita la suspensión generalizada del pago de las tasas municipales, especialmente la de terrazas y basura comercial, y que se fije el tipo mínimo en el IBI, además de que se amplíe la superficie de ocupación de las terrazas.

En cuanto a las demandas dirigidas al Gobierno central, el sector pide protocolos sanitarios para los trabajadores y clientes "claros, eficaces, fáciles de implementar y sin que supongan un coste añadido para las empresas".