Más de 300 viticultores de Lanzarote han vuelto a quedarse descolgados del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias (POSEI) tras comprobar cómo, por cuarto año consecutivo, sus solicitudes de ayuda por hectárea para el mantenimiento de vides han sido denegadas. El motivo, los datos reales no se corresponden con los oficiales del registro vitícola de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

El Consejo Regulador de la denominación de origen Vinos de Lanzarote lleva desde 2017 presentando alegaciones ante esta situación que padece el 30 por ciento de los 1.200 viticultores de la Isla, y que año tras año confía en que la administración autonómica haya procedido a la modificación del registro vitícola para garantizar su subvención. Sin embargo, la Consejería continúa sin actualizar los datos, a pesar de que ya se han realizado las inspecciones de campo, según comentan técnicos de la entidad reguladora.

Por su parte, el Consejo Insular de Lanzarote de PALCA-LA UNION ya denunciaba en un reciente artículo la situación de 372 viticultores “olvidados” de La Geria, por esta situación discriminatoria. “Ellos son, en definitiva, los jardineros del mejor escaparate natural-artificial que tiene la isla y del que todos nos beneficiamos”, señala la plataforma en su artículo.

“Los problemas del registro se han ido solventando de forma significativa para los viticultores de las demás islas, mientras que por el contrario no sucede lo mismo con Lanzarote, dado que un número importante de sus viticultores siguen viéndose privados de la ayuda”, aludía este consejo agrario. 

También habla en ese escrito de la “encomiable” labor del Consejo Regulador por los numerosos escritos y requerimientos presentados, pero que continúan sin respuesta, lo que “ha forzado a muchos viticultores a tener que presentar los correspondientes recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en demanda de sus justas reivindicaciones”.  

El Consejo Insular PALCA-LAUNION recuerda que “esta situación la padecen el 30 por ciento de los inscritos a día de hoy en el Consejo Regulador. Pero, si este dato lo extrapolamos al número total de las hectáreas cultivadas, contemplaríamos que su trascendencia sería todavía mayor, ya que serían aproximadamente 450 hectáreas las que se verían afectadas por la incidencia del impago de las ayudas, lo que podría provocar el abandono de más fincas de parras que inevitablemente redundaría en un mayor deterioro del paisaje insular. Es, por lo tanto, una situación que, junto al incremento de las ayudas que se vienen reivindicando desde hace tiempo, se tiene que solucionar si queremos aspirar a tener una Isla más sostenibles”.

Certificado de explotador

Desde el Consejo Regulador quieren poner fin a esta situación con la activación de una nueva figura administrativa, el denominado certificado de explotador para estos viticultores que han visto nuevamente denegadas sus solicitudes de ayuda a la espera de que la Consejería de Agricultura modifique el registro vitícola.

El certificado de explotador recoge las hectáreas en explotación que da derecho a la percepción de las ayudas y autorizaría a estos más de 300 viticultores lanzaroteños a percibir las ayudas de la actual campaña en curso, correspondiente al año 2019 y posteriores. Aunque, quedarían por subsanar las deficiencias que han impedido a estos agricultores beneficiarse en los últimos cuatro años del programa comunitario por un error burocrático.