La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de prevaricación continuada en el llamado "caso Reparos", una causa que cuestiona la gestión de los exalcaldes de La Laguna (Tenerife) Fernando Clavijo y José Alberto Díaz (CC), en concreto, en su decisión de prorrogar determinadas concesiones municipales a pesar de los reparos opuestos por el interventor.

En un informe fechado el 11 de marzo que ha adelantado Canarias Ahora y al que ha tenido acceso Efe, la fiscal María Farnés Martínez expone al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna (Tenerife) su opinión sobre la denuncia del concejal de la oposición Santiago Pérez, que pidió que se investigara por qué de 2013 a 2017 los alcaldes de la ciudad dictaron 118 decretos para levantar reparos del interventor a la prórroga de diferentes concesiones municipales.

En este informe, que sale a la luz al día siguiente de que el Tribunal Supremo archivara las acusaciones contra Clavijo en el caso Grúas, también centradas en su etapa como alcalde, la fiscal expone que ha advertido en esos expedientes "indicios de la comisión de un delito continuado de prevaricación", en los que involucra a "la Alcaldía", utilizando ese término genérico.

"De los anteriores expedientes administrativos, se deduce que la alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna ha venido prorrogando y dando continuidad reiteradamente a contratos de servicios públicos extinguidos, algunos de ellos como hemos visto anteriormente millonarios, levantando por decreto los REPAROS (con mayúsculas en el original) de legalidad de la Intervención General que advertía que esta forma de actuar era contraria a la ley de Contratos del Sector Publico y a las Bases y Pliegos de los concursos", precisa.

El Ministerio Público subraya que hasta la fecha no se ha tomado declaración "a los investigados", por lo que propone que se cite como tales a tres antiguos altos cargos del Organismo Autónomo de Deportes, Aymara Calero Tavio (expresidenta), Agustín Fernando Hernández Serrano (expresidente) y Asier Amador Robayna (exgerente); a la jefa de Servicio de Bienestar Social, Rosa Ana García Gaviño; y al técnico de la unidad de Educación Carlos A. Gómez Rodrigues.

La fiscal no pide en este informe que se tome declaración como investigados ni a José Alberto Díaz ni a Fernando Clavijo, a quien tampoco se podría emplazar como tal ante el juzgado de La Laguna, sino solo ante el Supremo, por su condición de senador.

En su escrito, el Ministerio Fiscal considera que de lo actuado se desprenden indicios de un delito continuado de prevaricación por entender que no se está ante una simple discordancia de las resoluciones con la normativa reguladora de la cuestión administrativa, "sino que existe un plus de contradicción con la norma que es lo que podría justificar la intervención del derecho penal" .

Además señala que se observa que la mayor parte de las prórrogas examinadas se han llevado a cabo cuando los contratos se encontraban ya extinguidos y sin posibilidad de ampliación alguna y advierte que en todos los casos, el interventor municipal que hace especial énfasis a los incumplimientos relativos al tiempo de vigencia de los contratos.

Agrega que se han producido prórrogas de contratos, en ocasiones casi mas de dos años, sin estar previstas en los mismos y según parece se han acordado con total conocimiento y voluntad de que ello así era, toda vez que el interventor municipal de forma constante advertía de que era contrario al ordenamiento jurídico.

El informe fiscal añade que en varios de los expedientes analizados se han dictado decretos solventado los reparos del interventor, pero en ellos también constan otros informes desfavorables de otros técnicos, ya que, según señala el texto, en las prórrogas que se proponen no se justifica la cuantificación del precio establecido ni tampoco su variación respecto del contrato original.

El Ministerio Fiscal indica que en muchos de esos contratos se ha acordado la prórroga no solo fuera de lo establecido en la Ley de Contratación Publica y de lo establecido en el propio contrato, sino que además se ha llevado a cabo de forma retroactiva, en alguna ocasión hasta un año después de finalizado el mismo acogiéndose a la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del procedimiento Administrativo Común.

No obstante, añade el informe, la ley establece que la rectroactividad solo se dará con carácter excepcional pero, según la Fiscalía Anticorrupción, no parece que esa posibilidad se haya utilizado de forma excepcional "mas al contrario parece que se ha normalizado".

También cuestiona que muchas propuestas de prórroga han sido autorizadas por concejales y no todos los servicios prorrogados son considerados áreas esenciales.