La crisis del coronavirus está provocando un “escenario catastrófico” desde el punto de vista económico, con especial incidencia en las islas orientales. Un estudio apunta a que Lanzarote se expone a una caída este año del Producto Interior Bruto (PIB) del 20,8 por ciento, lo que significa casi el doble que el impacto previsto por la recesión en el conjunto de Canarias.

Este agujero en la economía lanzaroteña se traduciría en una pérdida de 756 millones de euros, según la previsión intermedia, a medio camino entre la más desfavorable y la más optimista.

Bajo esas condiciones, “la caída en la actividad turística ocasionaría una destrucción de empleo en la Isla de 13.546 trabajadores, esto es, un 24 por ciento del empleo de la Isla en el año 2019”.

Así se refleja en el acuerdo para declarar a Lanzarote en situación de “emergencia social”, que se aprueba este jueves en el Cabildo de Lanzarote con el objetivo de “priorizar aquellas tareas que supongan atender las prestaciones orientadas a satisfacer las necesidades básicas”.

La finalidad del acuerdo plenario es simplificar los procedimientos administrativos para la concesión de ayudas, “derivando a una fase posterior” la “comprobación de las circunstancias personales que den lugar al derecho a la prestación.

El panorama económico que se dibuja en la declaración de emergencia social apunta a que la destrucción de empleo por la crisis será muy superior a la media de Canarias. Con las cifras de mayo en la mano, en Lanzarote hay 16.871 personas en paro, unas 6.000 más que hace un año, lo que representa un incremento del 55,5 por ciento.

Además, acogidos a Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), hasta el 12 de junio, había en la Isla otros 19.204 trabajadores con su puesto laboral congelado.

Respuesta extraordinaria

Con la declaración de emergencia social de Lanzarote, la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, señala que la institución pretende “velar por el bienestar de los vecinos de la Isla y anticiparse a los acontecimientos, adoptando las medidas necesarias para paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias sociales y humanitarias que derivarán de la crisis sanitaria”.

La declaración de emergencia social persigue acelerar los procedimientos para conceder prestaciones

“Por el escenario de crisis que se avecina”, añade Corujo, las instituciones “deben responder ante las necesidades de una población cada vez más necesitada”. “Por ello”, subraya la presidenta del Cabildo lanzaroteño, “se deben articular todos aquellos mecanismos y medidas necesarias para paliar los efectos sociales de esta crisis”.

El Cabildo se acoge con la citada declaración a una disposición de la Ley de Servicios Sociales de Canarias que prevé, de forma extraordinaria y “en situaciones de urgencia y emergencia social acreditadas”, excepciones en “todos o alguno de los requisitos establecidos en la legislación vigente” para tramitar prestaciones.