-El año 2019 fue muy complejo para el turismo en Fuerteventura y en el conjunto de Canarias. En la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el presidente Ángel Víctor Torres destacó que, en ese escenario adverso, las Islas han mostrado su fortaleza como destino turístico. ¿Cuál es su opinión del estado del sector?

-La quiebra de Thomas Cook no ha afectado sobremanera a Fuerteventura. Lo que nos hizo mucho daño fue la quiebra de Germania, que tenía 15 vuelos a la semana y Alemania es el principal mercado emisor de turistas a la Isla. De Fitur nos vinimos con la buena noticia de que, de unas 200.000 plazas aéreas que Canarias recupera con Alemania, más de 110.000 son para Fuerteventura, que es la isla que más crece en el mercado alemán. Esto se ha conseguido con gestiones con turoperadores como TUI y por la apuesta de cadenas hoteleras y del Patronato de Turismo para fomentar la conectividad aérea, que es fundamental y en la que teníamos un déficit.

-Bajo su presidencia se ha incrementado el presupuesto para promoción turística. ¿Cuál es el horizonte que considera idóneo en la llegada de turistas?

-El año 2018 fue el mejor año histórico, con cifras récord. Entre turistas y visitantes, la Isla recibió a unos 3,2 millones de personas, así que no es un año que podamos tomar como medida de referencia. Por encima de esos números la Isla no lo aguanta y estaríamos hablando de que los establecimientos estarían en situación de overbooking, lo que provoca desvíos a otras islas. Siempre he dicho que eso no es sostenible en el tiempo. Lo ideal es mantener la ocupación hotelera en torno al 85 por ciento, lo que garantiza la empleabilidad en el sector. Ese debe ser el objetivo. El turismo en Fuerteventura genera unos 1.500 millones de euros y nuestro Producto Interior Bruto depende, prácticamente, en un 60 por ciento de este sector. La inversión en promoción turística, al fin y al cabo, genera economía y empleo.

-El grupo alemán FTI acaba de confirmar una inversión de 194 millones de euros en la rehabilitación del Stella Canaris en Morro Jable, para lo que ya tiene las primeras licencias y un plazo de ejecución de dos años. En cambio, la puesta a punto de las zonas turísticas a través de los planes de modernización no termina de salir adelante. ¿Hay algo que reprochar desde el Cabildo a los ayuntamientos y al Gobierno de Canarias?

-Si hay que reprochar algo es al Gobierno de Canarias y, en concreto, a su empresa Gesplan. El Plan de modernización de Morro Jable, que ha dado encaje a la rehabilitación del Stella Canaris, se anunció siete veces y se aprobó en el último minuto de una legislatura. El Plan de modernización de Costa Calma se ha tirado a la basura, Corralejo inició un tercer plan, pero el Gobierno declinó hacerlo… Hemos pedido al Gobierno cambiar la gestión de los planes de modernización y que se tramiten a través de los órganos propios del Cabildo, con el control del Gobierno. La casuística del urbanismo en Fuerteventura es muy compleja: el Plan General de Pájara está anulado desde 2003 y, 17 años después, todavía no se ha podido aprobar uno nuevo; y La Oliva y Tuineje siguen con normas subsidiarias de hace muchos años.  La Isla necesita instrumentos para desarrollar una especie de Plan Renove, como el de los coches, para modernizarse y generar empleo. Hay que rehabilitar para ser competitivos. En los ayuntamientos de la Isla hay unas 1.300 licencias solicitadas, para construir viviendas unifamiliares, pero también renovar complejos turísticos.

-¿Qué falla para que el interés de inversores en la Isla como destino turístico y vacacional no termine de materializarse?

-Seguridad jurídica. Deben tenerla los ayuntamientos para otorgar las licencias. Entiendo a los funcionarios a la hora de dictaminar si un establecimiento se puede rehabilitar o no. Hay que dotarlos de seguridad con los instrumentos de ordenación necesarios. Mire, la pregunta la formularía al revés: ¿No nos estamos dando cuenta de que los inversores, desde multinacionales a empresarios locales no pueden esperar dos años o más para recibir una licencia con la que mejorar su establecimiento? Por ejemplo, en un caso en Corralejo, el banco ha denegado una inversión de 18 millones para rehabilitar un complejo de apartamentos porque llevaba esperando cuatro años.

“La solución para el Oliva Beach es muy sencilla: que el Gobierno dé el permiso para rehabilitar, a lo que tiene derecho la empresa, y ‘a posteriori’ si se quiere revisar el expediente que se haga”

-¿Qué opina acerca de que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa haya iniciado el trámite para la revisión de oficio de la concesión de RIU Oliva Beach para ocupar el dominio público?

-El Oliva Beach cuenta con concesión desde 2003, que se dio, hay que recordar, tras el acuerdo entre el Cabildo, presidido entonces por Mario Cabrera, el Gobierno de Canarias y el Gobierno central. En aquel momento pidió a la empresa que se quedara y, si no se le hubiese dado la concesión, el derribo lo tendría que haber asumido Costas. Ahora, creo que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, está confundiendo torticeramente las cosas y probablemente se esté produciendo un desvío de poder, lo digo así de claro. Si la empresa ha pedido una solicitud de rehabilitación, el ministerio la autoriza o la deniega conforme a la legislación de Costas. Lo que no puede ser es que la respuesta sea revisar la concesión.

-¿Qué salida cree que tendrá este asunto?

-Lo primero que tenemos claro es que hay que defender ese establecimiento turístico. No está dentro del Parque Natural de las Dunas de Corralejo y se le ha puesto una Zona de especial protección de aves sobre la que el Cabildo ya está pidiendo los informes para conocer en qué estudio se basan. Zonas de protección de aves se pueden ampliar en Fuerteventura sin ningún tipo de problema, pero consideramos que con esa, en concreto, es falso lo que se ha concluido.

-El Gobierno de Canarias y el Cabildo han intercedido ante el Gobierno central, pero parece que la resolución al conflicto ya no está en el ámbito de la política.

-Si en el ministerio quieren recortar el periodo de la concesión, que se prorrogó en 2016 por 75 años, lo lógico es que lo pacten. También hay que tener en cuenta que con esa prórroga la empresa paga dos millones por la concesión. ¿A dónde va ese dinero? ¿A la playa de El Castillo, que hemos tenido que pagar los majoreros a través del Cabildo, o a meter 33 millones a una playa en Santa Cruz de La Palma? Ni mis tataranietos verán culminar esa anunciada revisión de la concesión administrativa del Oliva Beach, porque entonces el Estado iría contra sus propios actos y acuerdos. La solución es muy sencilla: que el Gobierno dé el permiso para rehabilitar, a lo que tiene derecho la empresa, y a posteriori si se quiere revisar el expediente que se haga. Pero están en una posición de orgullo, utilizando los mecanismos del Estado, que son muy potentes, para mantener una situación ridícula. También saben que esto terminará en los tribunales y llegará al Supremo. Si la prórroga de la concesión de 2016 no fue correcta, ¿por qué no está ya en la Fiscalía? Se lo he dicho al secretario de Estado: “No me digas lo que piensas, porque yo también tengo que dar muchas autorizaciones que van en contra de mi opinión personal”. No se trata de opiniones, sino de derechos.