Sus informes fueron imprescindibles para los recursos contra las licencias de los hoteles que después fueron anuladas por la Justicia. Fue director de la Oficina del Plan Insular de Ordenación del Cabildo de Lanzarote y fue destituido, con polémica política incluida, aunque los tribunales le reintegraron en su puesto. Ahora pasa de funcionario a miembro del Gobierno.

-¿Ya se han marcado las líneas maestras de la Viceconsejería? ¿Cuáles son?

-Se han fijado por parte del consejero. La Viceconsejería que me corresponde es de Planificación Territorial y Transición Ecológica que equivale a la anterior de Política Territorial, que hemos asumido sus competencias. Pero solo con el cambio de denominación ya marca los objetivos. Fundamentalmente hay una serie de medidas inmediatas que serían la elaboración de una Ley de Cambio Climático, un Plan de acción contra el calentamiento global, una Ley de Economía Circular, un Plan de Transición Energética, una Ley de Biodiversidad y una modificación de la Ley del Suelo. Ya las ha especificado el consejero en sede parlamentaria.

-Respecto al cambio climático, hubo una Agencia de desarrollo sostenible y un Observatorio. ¿Se van a mantener o recuperar estos organismos o lo asume todo la Viceconsejería?

-Hay una Viceconsejería que se llama de Lucha contra el Cambio Climático a donde han pasado las competencias de Medio Ambiente. Las medidas sobre el cambio climático son de esa Viceconsejería. No obstante, en la Consejería, una de las insistencias es que no puede haber compartimentos estancos, así que nos afecta todo. De la Ley de Cambio Climático hay un borrador que se expondrá en octubre a participación pública y que se quiere que tenga consenso de la mayor parte de la sociedad. Pero habrá otras medidas. En España hay gran vocación para legislar pero también para incumplir lo que se legisla. El gran desafío es que esas leyes y planes se conviertan en medidas efectivas y mitiguen el calentamiento global. Sobre el Observatorio, fue creado con el Gobierno anterior, y con este Gobierno ya se ha reunido. Como tal ya está creado. Otra cosa es que se impulse o no. La Agencia, si la hay o no, creo que se resolverá en la Ley, pero hay un debate acerca de si es necesaria o lo que hay que hacer es medidas concretas más que estructuras para que esto funcione. Se está en ese debate.

-La legislación sobre el territorio tuvo un camino similar hasta llegar a la Ley del Suelo, que rompe esa tendencia. ¿Se va a modificar esta Ley? ¿Se van a incorporar las medidas contra el cambio climático?

-En el pacto de Gobierno se establece que se consensuará un pacto por el territorio y, en ese contexto, revisar la Ley del Suelo. En su discurso de investidura, el presidente planteó eso mismo. En las primeras reuniones con el equipo de la Consejería no se ha abordado en profundidad aún porque estamos viendo otros problemas de funcionamiento. No hemos entrado en materia aunque es un tema que suele salir. No se ha acotado hasta dónde alcanzará esa revisión, pero el consejero José Antonio Valbuena ha dicho que hay que incorporar lo relativo al cambio climático y en esa línea no está definido el alcance. Entraremos pronto en esa discusión, pero en principio habrá que revisar la ley en aquello que tiene que ver con los nuevos objetivos de la Consejería. Ya se han anunciado dos detalles: que la ley se llamaría de nuevo del Territorio y no del Suelo, porque el territorio es algo más que el suelo, y otro detalle que introdujo es que la ley no dé prevalencia  a lo sectorial sobre la planificación.

-¿Entonces los cabildos se deberán someter a la jerarquía del Gobierno?

-Lo que pasa es que en nuestra Viceconsejería tenemos limitadas las competencias porque los planeamientos los aprueban ahora los cabildos, aunque sí tenemos la de evaluación ambiental.

-Que pueden condicionar el resultado...

-Efectivamente, pero no estamos en el escenario anterior en que todas las competencias eran de la Consejería.

-Ya se están solicitando en los cabildos las declaraciones de interés general o social para ciertos proyectos. ¿El Gobierno puede condicionar o frenar esos proyectos?

-Con el marco actual, el margen de maniobra es bastante limitado, pero es otro de los temas clave de la futura ley, que habrá que ver qué se hace con estas figuras, que suponen una pérdida de peso de la planificación. La cuestión central es saber conciliar el interés público o general de lo que puedan ser proyectos coyunturales que deben esperar a una debida planificación. A veces hay proyectos que tienen el peso del interés general que se enfrentan a la imposibilidad porque la modificación del planeamiento es muy compleja. Habrá que intentar conciliar las dos cosas: que prevalezca la planificación y que haya actuaciones, muy puntuales, muy tasadas y muy justificadas que puedan tener una escapatoria. Pero, con todas las prevenciones, es un tema que no está estudiado aún por el nuevo equipo de la Consejería.

-Hay planes insulares, como en Lanzarote y Fuerteventura, que están en tramitación. Si se va a cambiar la legislación, ¿tiene sentido terminarlos?

-Con la legislación vigente ese es un problema, porque se tienen que adaptar a la Ley del Suelo, que fue muy tajante en su exposición de motivos porque su entrada en vigor era inmediata y los planes en tramitación tienen que adaptarse a su contenido. Hay planes tramitados de acuerdo con otra filosofía a la de esa ley, que van a tener difícil encaje con la ley vigente. No se sabe cuánto va a tardar el proceso de modificación de la ley.

-Por eso queda la duda de qué deben hacer los cabildos, e incluso si hay que incluir medidas contra el cambio climático, quizá cambie la visión sobre qué se debe incorporar a los planes. 

-Esa situación es real. ¿Qué deben hacer los cabildos? Eso no se ha resuelto. Como digo, con el marco actual tienen que adaptarse a la Ley de Suelo. Habría que abordar eso en las disposiciones porque si no la volatilidad del planeamiento será permanente. Los cabildos ya están preguntando si se adaptan o esperan.

-Aún hay muchos derechos sobre plazas turísticas por construir y parece que se vive otra época de recesión de plazas aéreas mientras que se están empezando a pedir licencias para nuevos hoteles. ¿No es un contrasentido? ¿Tiene intención el Gobierno de sopesar la desclasificación de plazas turísticas?

-Hay una serie de establecimientos autorizados recientemente. En el caso de Lanzarote, en Puerto del Carmen, el Plan General de Tías tiene un límite total de plazas y parece que se respeta, y en Costa Teguise y Playa Blanca tienen planes, como el de Teguise y el de Yaiza, recientemente adaptados al Plan Insular, teóricamente. Entiendo que han entrado dentro del marco legal. Esto es consecuencia de que los límites no son los deseados por aquellos que propugnan una contención porque hay derechos adquiridos y porque desclasificar significa pagar. En la Ley del Territorio de 2000, una de las funciones de los planes insulares era la desclasificación, pero eso se quitó ya en la ley de 2015 en la etapa de Domingo Berriel. Habrá que ver si se recupera este criterio en la nueva ley pero esa desclasificación en muchos casos acarrearía indemnizaciones. Habría que estudiar si eso vale la pena, desclasificar aunque haya que pagar. Lanzarote fue pionera en esa idea, se habló de la ecotasa como una medida para eso, pero las últimas noticias turísticas, digamos que dan argumentos en parte a los que están en contra de la ecotasa turística. En el pacto también se habla de la tasa y es otro de los debates que habrá que abordar.

-¿Puede tener el Gobierno algún papel en el proceso de ejecución de sentencias urbanísticas, principalmente en el caso de Lanzarote?

-Es una pregunta complicada. Lo podría tener pero son pleitos en los que no litigó el Gobierno, sino el Cabido y la Fundación César Manrique y deberían ser ellos en principio. El Cabildo no intervino en la ejecución y la FCM sí.

-¿Y respecto a las urbanizaciones u hoteles que se han quedado a medidas?

-Debería resolverlo el planeamiento y casi más el municipal que el insular porque esos esqueletos se hicieron con licencias anuladas en los tribunales y, en consecuencia, no cabría más que la demolición. 

-¿Se va a concretar cómo y dónde se van a poder instalar las energías renovables?

-Se tendrá que ir a un plan energético que debe contener los elementos paisajísticos y ambientales, tanto por esa vía como la de los planeamientos. Hay que fomentar las renovables pero que esa implantación o permisividad no puede ir en detrimento de que se haga en cualquier sitio y con costes ambientales. Sí a las renovables, pero con planificación. Se ha observado que hay una proliferación de parques eólicos en una misma zona con implantaciones sucesivas sin estudiar el contexto y si es el sitio adecuado.

-El Cabildo de Fuerteventura vuelve a plantear un puente que una a la isla con Lanzarote. ¿Eso cabe en el planeamiento?

-Es un proyecto que se discutió en etapas anteriores. Es mi opinión, y esto no se ha hablado en el Gobierno, no soy partidario de estos proyectos que rompen la peculiaridad e idiosincrasia de la insularidad. Habría que ver si se plantea y si es viable o no.

-¿Cómo vivió la etapa de su destitución en la Oficina del PIO en el Cabildo? ¿Cree  que su nombramiento es un reconocimiento a su trabajo en esa Oficina?

-Es una satisfacción que hayan pensado en mí y también es un reto indudable. Es complicado y distinto a lo que he hecho en mi vida profesional, siempre de funcionario, pero es un reto interesante. De épocas pasadas, el tema está terminado desde el momento en que recurrí mi cese de director y los tribunales me dieron la razón y me readmitieron. Es una manifestación de los ceses arbitrarios, de una lucha que se da a diario contra la inmunidad de los poderes administrativos y lo mío es una muestra más de algo que se produce con más frecuencia de la deseada, pero los tribunales ponen las cosas en su sitio y fallan a favor de los funcionarios que han sido apartados de sus funciones.