- En Fuerteventura existe una reivindicación unánime de que se mejore la atención sanitaria y se ha constituido una plataforma social. La Isla tiene un oncólogo para 110.000 habitantes y se demanda una unidad de radioterapia, entre otras necesidades. ¿A qué se compromete su Gobierno con la sociedad majorera en lo que resta de legislatura?

- Ya nos comprometimos y hay dos plazas de oncólogo creadas, una cubierta en este momento y estamos tratando de cubrir la otra. Le hemos pedido incluso a los colectivos de la plataforma social que si conocen oncólogos que quieran venir los contratamos inmediatamente, porque no es una cuestión de recursos económicos. Y se va a hacer el proyecto de la radioterapia.

- Se incluyó en el presupuesto de la comunidad autónoma la construcción del búnker para la unidad de radioterapia en el Hospital General de Fuerteventura. ¿La puesta en marcha puede ser una realidad a corto plazo?

- El proyecto tiene que ver con los profesionales. Al final se trata de saber qué tipo de unidad de radioterapia. Para el modelo que tenemos en los hospitales de Gran Canaria o de Tenerife necesitas una población de un millón de habitantes, porque si no el tratamiento que le ofrece al ciudadano no es de garantía. No hay que perder de referencia que, en este caso, lo importante es curar al paciente. En ocasiones, para poder curarlo, con una población de 110.000 habitantes no puedes tener las garantías. Lo que tienes que garantizar es que el traslado sea de calidad y adecuado, porque dependiendo del tipo de cáncer podrá ser tratado aquí o no. Es una decisión técnica de los profesionales, no política.

- Todavía, en la actualidad los pacientes siguen falleciendo en el camino entre Morro Jable y el Hospital en Puerto del Rosario y se reclama un centro sanitario con más servicios y recursos para urgencias las 24 horas en el sur de la Isla.

- Más allá de que se pueda mejorar el eje Norte-Sur de carreteras, se está trabajando para que, dependiendo de la patología o de la emergencia, se pueda abordar la situación o resolver la emergencia con una ambulancia medicalizada. Se trata de decisiones técnicas, porque no podemos dimensionar ni diseñar toda una estrategia sanitaria por casos aislados. Es como si haces la carretera para el atasco. Se está haciendo un trabajo serio, después de muchos años de recortes que han castigado mucho los servicios públicos y ahora parece que va a haber presupuesto y, con la mejora de la financiación, podremos ir poco a poco dando avances.

- Sobre la mesa del Gobierno de Canarias hay dos proyectos de Palacios de Justicia, el de Santa Cruz de Tenerife y el de Puerto del Rosario, que requiere de un acuerdo con el Ministerio de Defensa para adquirir el suelo. ¿Corre riesgo Fuerteventura de perder esa inversión?

- No corre riesgo porque los presupuestos no se difuminan ni se van, sino que tienes una partida porque contemplas un escenario en el que se van a poder iniciar unas obras. Tenemos que acabar de formalizar la permuta del suelo, que está bastante avanzada, pero los ministerios son una maquinaria burocrática muy lenta y pesada. Los recursos económicos estarán, porque es una demanda de la ciudadanía. Cuando tengamos el suelo se hará el proyecto, la licitación y las obras.

- ¿Qué previsiones maneja el Gobierno de Canarias con el desarrollo del eje de carreteras entre el norte y el sur de la Isla?

- No hay recursos para todo, eso es una realidad. El presupuesto se ha incrementado notablemente después de muchos recortes. Se podrán introducir en torno a 10 o 15 millones de euros para poder culminar el segundo tercio del eje Norte-Sur entre este año y el que viene. Quedaría la licitación del último tercio. Si se mantienen los presupuestos del convenio de carreteras, sobre los 75 millones de euros, o se mejora, podríamos estar en disposición de, en cuatro o cinco años, tener terminado el eje Norte-Sur, dejando muy bien comunicada la Isla.

- Una de las inversiones que sigue pendiente es la ampliación del muelle de Corralejo.

- Se produjo un cambio de titular de la Consejería de Obras Públicas en enero y se está analizando la situación, porque nos encontramos que no había absolutamente nada sobre la mesa. Los proyectos tienen que tener estudios de impacto ambiental, permisos, y en este caso estaba todo muy incipiente. No puedo dar una fecha exacta, pero se están viendo los trabajos para la ampliación y la viabilidad.

“El soterramiento total del tendido eléctrico no cabe, porque generaría muchas dificultades cuando se produjeran averías y costaría muchísimo dinero”

- ¿Existe compromiso del Gobierno para el desmantelamiento de la central eléctrica?

- El Ayuntamiento ha contemplado en el Plan General la ubicación, pero no es una decisión del Gobierno de Canarias. Lo que acordamos, la última vez que nos reunimos en el Cabildo, que vinieron miembros de la plataforma, fue diseñar la nueva central y explorar posibilidades. Al haber un único sistema eléctrico entre Lanzarote y Fuerteventura, cabe la posibilidad de que se instale en el sur y de hecho hay una empresa interesada en hablar. Se está viendo un tipo de central con menos impacto.

- ¿Conllevaría esa alternativa la retirada de la central del barrio de El Charco?

- Si podemos separar los generadores de energía claro que lo conllevaría. Pero no se trata de trasladar lo que ya existe, las cafeteras que tenemos ahí, si se me permite la expresión. Hay tecnología suficiente como para no reproducir una central como la entendemos y que pueda caber igual en una nave. En cualquier caso, la última decisión es del Ministerio de Energía.

- Con respecto al nuevo tendido de alta tensión y las torretas, ¿hay algún acuerdo para que el trazado tenga el menor impacto y se puede soterrar en parte la línea?

- Ahora mismo se está analizando la modificación del trazado, que se tiene que estudiar medioambientalmente, y proponer alternativas ya que algunos tramos pasan por zonas de especial protección de aves. Red Eléctrica ha puesto distintas alternativas sobre la mesa que se acercan más a lo que la población y las instituciones de Fuerteventura quieren, pero deben tener el visto bueno de la Unión Europea porque se tienen que ajustar a la normativa comunitaria. Desde luego, el soterramiento total no cabe técnicamente, porque generaría muchas dificultades cuando se produjeran averías, y costaría muchísimo dinero.

- ¿El Gobierno de Canarias estaría dispuesto a rascarse el bolsillo para que saliese adelante una alternativa de línea eléctrica visualmente más adecuada?

- Entendemos que el sistema eléctrico lo tiene que pagar Red Eléctrica, pero hay que buscar el consenso. No se justificaría que con las necesidades que se han expuesto, de sanidad o infraestructuras, que tuviésemos que pagar nosotros. Que lo pague el Ministerio o del céntimo de la factura, pero que no se desvíe dinero de los impuestos de los canarios que tienen que ir a sanidad, educación o servicios sociales para un soterramiento que, en el caso de que sea viable, hay otras administraciones que pueden contribuir.

“Hay una empresa interesada en hablar para que se instale la nueva central eléctrica en el Sur, y se está viendo un tipo de central con menos impacto”

- En Fuerteventura y Lanzarote se está percibiendo un aumento de los precios del alquiler de larga duración a residentes por el auge de la vivienda vacacional. ¿Cómo va a regular el Gobierno el alquiler vacacional?

- Es un fenómeno que se está produciendo en todo el mundo y que no tiene fácil solución. Podemos ver las manifestaciones en Palma de Mallorca o en Barcelona. Al final, cuando se te hace imposible vivir en tu pueblo porque suben los precios y no puedes acceder a ellos, se genera la turismofobia, un término que estamos viendo en los medios de comunicación. De la tarta del turismo no podemos renunciar al alquiler vacacional. Se anuló la prohibición de alquiler vacacional en zonas turísticas y hemos recurrido la sentencia porque tenemos que articular una nueva normativa para que no se produzca una competencia desleal y que esta oferta sea respetuosa con nuestro modelo de desarrollo. Corremos el riesgo, después de haber apostado por los hoteles de cinco estrellas y gran lujo y por turistas que no miran el precio, de llenar todo de gente que sí mira el precio. Y en precios no vamos a poder competir con Turquía o con Marruecos, entre otras cosas porque el sueldo de un trabajador turístico es allí unas siete veces inferior al de uno en Europa. Tenemos que competir en otro segmento, más de lujo, que busca otros alicientes al disfrutar de sus vacaciones.

- El encarecimiento de los alquileres también puede estar relacionado con la política de vivienda del Gobierno de Canarias. En las Islas orientales hace años que no se pone vivienda de promoción pública en el mercado.

- Pero es que hay un stock de viviendas vacías, que puede ser de unas 30.000 o 40.000 en Canarias que no salen al mercado. Ocurre que no hay demanda. Y se puede dar que esas promociones, por ejemplo en la salida de Puerto del Rosario en dirección al aeropuerto, las compre alguien y las dedique a alquiler vacacional. ¿Qué hacemos entonces con los hoteles de cuatro o cinco estrellas?

- ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el proyecto de Tindaya? Se ha difundido una encuesta que apunta que más de la mitad de los ciudadanos de la Isla lo rechazan, y el partido que la encargó (Nueva Canarias) reclama un referéndum.

- Esto es muy fácil. Los representantes de la soberanía popular de Fuerteventura son los ayuntamientos, el Cabildo y los diputados. No gobernamos a golpe de referéndum. Nos presentamos a las elecciones con programas y la realidad es que tanto en el de CC como en el de otras formaciones como PSOE y PP, se está de acuerdo en este tema y no hay más que decir. Quienes quieran que se dé marcha atrás al proyecto que se presenten a las elecciones. Se ha constituido una fundación, de la que el Gobierno es patrono y el proyecto lo está liderando el Cabildo. El objetivo es sacar la obra y la explotación a concesión administrativa.