-La emergencia social ha desbordado a las organizaciones de ayuda humanitaria. ¿Cómo han solventado la magnitud del problema desde el Banco de Alimentos?

-Con mucha voluntad y tesón. Al principio nos llegaron muchos alimentos frescos procedentes, sobre todo, de los hoteles que tuvieron que cerrar, y que debían entregarse rápidamente para que se pudieran consumir. Aumentaron mucho las solicitudes de ayuda, disminuyó el número de voluntarios para colaborar y tuvimos que cancelar todos los eventos programados para conseguir alimentos. Por primera vez, tuvimos que solicitar donaciones económicas para comprar alimentos. La falta de voluntarios se suplió con la ayuda de voluntarios procedentes de los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y gracias a las donaciones económicas pudimos adquirir los alimentos que necesitábamos.

-¿A quién van destinados los alimentos del banco principalmente en situaciones de crisis como la originada por la COVID-19?

-Siempre van destinados a las personas más desfavorecidas de la provincia de Las Palmas. Nunca se entregan alimentos fuera de la provincia. A través de las entidades benéficas y entidades de reparto a los que derivan a los beneficiarios desde los servicios sociales municipales. Estos deben cumplir una serie de requisitos y que suele ser que cuenten con ingresos inferiores al salario mínimo.

-¿A cuántas asociaciones llega el Banco de Alimentos en Lanzarote y Fuerteventura?

-En Lanzarote contamos con ocho o nueve entidades a las que suministramos los alimentos, mientras que en Fuerteventura solo son tres asociaciones. A raíz de la pandemia han aumentado estas peticiones y han surgido nuevas entidades, como los ayuntamientos de Tías y San Bartolomé en Lanzarote. En Fuerteventura contamos sólo con Misión Cristiana Moderna, Refugio Majorero y el Ayuntamiento de Betancuria, porque no quieren darse de alta más. Hemos tenido contacto con ayuntamientos majoreros, pero no nos han solicitado alimentos nuevas entidades. Será que no lo necesitan o que quieren cubrir las necesidades que tienen por otro sistema. Si alguien nos pide ayuda la va a tener. Tenemos firmado un convenio con la Federación canaria de municipios (Fecam) y todos los ayuntamientos que nos solicitan ayuda saben que la van a tener, pero tienen que dar el paso ellos.

-¿Cómo llegan las donaciones a ustedes para que más tarde puedan alimentar a todas esas familias necesitadas de las islas orientales?

-Una parte procede del Programa de ayuda europea para las personas desfavorecidas, donaciones de empresas del mundo de la alimentación, donaciones de particulares o en eventos programados por el Banco de Alimentos. También contamos con donaciones en metálico y subvenciones de organismos oficiales para la compra de alimentos. En toda la provincia, el pasado año repartimos 4,2 millones de kilos de alimentos, de los que un 60 por ciento lo captamos nosotros mismos y el resto procedía de Europa.

-¿Se podría decir que el Banco de Alimentos es la base de la pirámide de donde parte la ayuda humanitaria y que después las asociaciones e instituciones, a modo de intermediarias, se encargan del reparto entre la población vulnerable?

-Podríamos verlo de esa manera. La ley contempla a los bancos de alimentos como entidades de distribución y a las entidades benéficas como entidades de reparto. Los bancos de alimentos no pueden entregar directamente a las personas necesitadas, siempre tienen que entregarlo a las entidades benéficas y éstas a los necesitados, que son los beneficiarios finales.

-¿A cuántas personas calculan que ha llegado su ayuda en tiempos de coronavirus?

-En este momento estamos entregando alimentos a 26.313 personas, mensualmente, de la provincia de Las Palmas. El año pasado cerramos con 19.200 beneficiarios a los que llegaban nuestros lotes. Con la pandemia hemos comprobado que la demanda se ha incrementado en un 25 por ciento.

“Entregamos alimentos a 26.313 personas cada mes en la provincia. Con la pandemia hemos visto que la demanda se ha incrementado en un 25%”

-¿Han tenido que incrementar también las acciones de voluntario o en materia de transporte?

-Seguimos necesitando voluntarios y necesitamos ayuda para el transporte, pues, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, han aumentado las demandas de ayuda y esto nos supone que debemos enviar alimentos en mayor cantidad y con mayor frecuencia.

-Para el reparto en las islas no capitalinas cuentan ustedes con sede propia en Lanzarote y, en el caso de Fuerteventura, también disponen de una nave habilitada para la mercancía transportada, aunque en las últimas semanas ha tenido que ser destinada a otros usos. ¿Cree que sería necesario dotar de mayores infraestructuras a la organización para un reparto más eficiente de los alimentos?

-Contar con una infraestructura consolidada y estable siempre es lo deseable, pero hemos de adaptarnos a las circunstancias actuales. Tanto en Lanzarote como en Fuerteventura lo hemos resuelto con envíos de alimentos directamente a las entidades de reparto desde nuestra sede central, pero conlleva el problema del transporte marítimo y ahí entendemos que se deben implicar las instituciones públicas, locales y autonómica, subvencionando los costes de esos transportes. Pongo un ejemplo: en Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas no quiere costear el transporte a las entidades porque, en teoría, cuando solicitan la ayuda del Banco de Alimentos tienen que acreditar que disponen de transporte para percibir los lotes, pero en la práctica es un formalismo que no se cumple. A los políticos hay que explicarles que hay dos opciones: o dicen que tienen transporte y reciben los alimentos o ponen que ‘no’ y se quedan sin ellos. La mayoría de ayuntamientos ponen el transporte a sus entidades. Cuando tenemos que enviar los alimentos a Lanzarote y Fuerteventura tenemos un convenio con la empresa Boluda para el transporte de los contenedores, pero con una periodicidad mensual. El problema puede surgir en momentos como el que hemos sufrido, donde se han sumado nuevos demandantes, como el Ayuntamiento de San Bartolomé en Lanzarote, que precisaba de un envío inmediato y ellos mismos se hicieron cargo de ese transporte urgente.

-Tras este tsunami social, ha surgido el debate sobre la necesidad de incrementar las dotaciones, con albergues públicos o comedores sociales también de ámbito público. ¿Cree que debería haber una mayor intervención institucional?

-Cada ayuntamiento o cabildo se implica de una forma u otra. El Gobierno autónomo se implica lo mínimo posible, no ahora, sino desde siempre. Los políticos deberían implicarse un poco más y echar una mano, que no pase como en la anterior recesión y que nadie se quede atrás. Si para eso tienen que dedicar más dinero a temas sociales, pues que lo hagan. Creo que sería el momento en el que deberíamos tirar todos del carro en la misma dirección.

-Las asociaciones sociales comentan que el perfil del usuario de estos recursos ha cambiado tras aflorar un nuevo demandante procedente de la economía sumergida. ¿Supone esto que debe haber un cambio también en las políticas sociales?

-La situación actual es muy compleja y variante. No sabemos con certeza cómo va a reaccionar el turismo, del que depende gran parte nuestra economía. Creo que es necesario un estudio en profundidad del porqué de la precariedad en Canarias y, una vez analizada la situación, emprender medidas adecuadas.